Los sectores movilizados de Yapacaní decidieron dejar en suspenso el anuncio de bloqueo en el ingreso al municipio y otorgaron al Gobierno un plazo de 48 horas para la abrogación del Decreto Supremo 5676, según las determinaciones asumidas la tarde de este martes tras una reunión de diálogo.
La decisión fue adoptada luego de un encuentro con representantes del Órgano Ejecutivo, a quienes los dirigentes también exigieron que su demanda sea elevada directamente al presidente Rodrigo Paz para su consideración.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, informó que trasladará el pedido a las instancias correspondientes del Gobierno, aunque aclaró que ello no implica una decisión inmediata sobre la derogación de la norma.
El conflicto se enmarca en el rechazo al Decreto Supremo 5676, que establece un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores, mientras mantiene el costo de Bs 9,80 para el resto de los usuarios, medida que los sectores productivos consideran perjudiciales para la economía local.
Los dirigentes advirtieron que el levantamiento temporal de las medidas de presión está sujeto a una respuesta favorable dentro del plazo establecido, y señalaron que, de no cumplirse, se reactivarán las movilizaciones en la zona.
Entre sus demandas, además de la abrogación de la norma, solicitaron el retiro del contingente policial y militar desplegado en el área tras el anuncio de bloqueo. En respuesta, el viceministro explicó que la presencia de efectivos tiene carácter preventivo y no represivo.
“Los policías y los militares están aquí en una actitud pacífica, yo he aclarado a la un mandamiento de apremio para ningún dirigente y ellos solamente están precautelando el libre tránsito”, afirmó Paredes. Asimismo, indicó que se informará a las autoridades de Defensa y Gobierno sobre la solicitud de retiro del contingente, señalando: “Voy a informar al ministro de Defensa y al ministro de Gobierno, y voy a recomendar que se retire (el contingente) porque vamos a respetar lo que aquí hemos conversado”.
Durante la reunión, el viceministro también reconoció que el decreto ha generado dificultades en su aplicación y aseguró que el Ejecutivo analiza posibles ajustes. «El decreto supremo que ha sacado el Gobierno, efectivamente está generando muchos problemas en su aplicación. Yo he informado al gabinete, que ha dicho que sí quiere abrogar, derogar, pero no puede quedar como está, ¿por qué?, porque no ha cumplido su objetivo», señaló.
Los sectores movilizados advirtieron finalmente que, si no se obtiene una respuesta dentro del plazo de 48 horas, evaluarán la reactivación de las medidas de presión en el municipio.
Correo del Sur
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