Al menos cuatro decisiones políticas y judiciales asumidas en los últimos 10 días redujeron la intensidad las protestas, aunque la administración del presidente Luis Arce aún enfrenta amenazas de bloqueo de varios sectores sociales como el Transporte Pesado que se reunió ayer para evaluar la falta de dólares y combustibles.
Las bases de este sector determinaron que si no hay un encuentro con el presidente Arce, saldrán a las calles y bloquear las carreteras el 3 y 4 de junio. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, calificó “de política” la amenaza. En su criterio, existe el interés para desestabilizar y generar tensión.
Alfredo Saca, presidente del transporte pesado de Cochabamba, explicó que durante el ampliado se analizó el grado de respuesta que tuvieron los transportistas sobre la escasez de dólares, la falta de combustibles y el “accionar abusivo del la Aduana e Impuestos”. “Por estos problemas los transportistas hemos tacado fondo, ya no podemos seguir en la misma situación. Por eso pedimos tener una reunión directa con el señor presidente, sus ministros y viceministros ya no son creíbles”, indicó Saca a los periodistas.
Las amenazas de conflicto comenzaron hace 10 días. Entonces, las demandas se concentraron en la reforma de Derechos Reales. El Gobierno anuló dos de los decretos vinculados con esa materia.
Varios sectores protestaron en contra del Decreto Supremo 5143. Esta norma, que fue promulgada el 10 de abril, regula la documentación de propiedades en Derechos Reales. Casi un mes después, gremialistas, activistas políticos y organizaciones ciudadanas habían activado una serie de protestas. Cuestionaron que esa reforma sea promovida con un decreto en lugar de una ley.
La bancada arcista presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta en contra del Decreto 5143 y también pidió aplicar medidas cautelares, lo que significa que se solicita la paralización en su aplicación. Arce se sumó a esa decisión y paralizó la aplicación de esa norma. Aun así, hay algunas protestas —sobre todo de secrores gremiales— que exigen la abrogación de otros decretos.
Paúl Antonio Coca, constitucionalista y especialista en el análisis político, consideró que esta medida es una “derrota” para el Gobierno. Alertó que Arce enfrenta un escenario complicado porque no tiene mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional y debe buscar la gobernabilidad para una compleja etapa electoral.
“Políticamente hablando es una nueva derrota del Gobierno. No es la primera vez que deja sin efecto una norma. Hoy, sectores que están en protesta son sindicales, son aliados de Evo Morales, son una base social del MAS e iban a salir a protestar. Lo que hizo el Presidente es cortar las protestas para tener gobernabilidad”, dijo Coca.
Pero, los gremiales dieron plazo al Gobierno hasta el 8 de junio para que atienda sus demandas, entre ellas, la abrogación de otro Decreto, el 4732 sobre transferencias de bienes y la escasez de dólares. El dirigente gremial Jesús Cahuana explicó que se determinó paro y bloqueo en todas las avenidas principales en el territorio nacional a partir del 10 de junio si el Gobierno no los atiende.
Decisión del TSE
Otra medida que favoreció al Gobierno es la decisión que asumió el TSE. Esta entidad estatal resolvió rechazar la directiva elegida en el congreso organizado por el ala “arcista” del MAS en El Alto. El bando de Evo Morales ya preparaba protestas.
Tras conocer esta determinación, las organizaciones sociales del lado de Arce efectuarán las representaciones legales ante el TSE y dijeron que harán respetar el congreso de El Alto, que fue “legítimo y legal”, afirmó Julia Ramos, ejecutiva de las Bartolinas y vicepresidenta del MAS arcista. “Vamos a hacer respetar la decisión, estamos con las organizaciones legítimamente elegidas”, dijo.
La diputada arcista Deysi Choque, ayer en una entrevista con EL DEBER-Radio, aseguró que todas las acciones serán en el ámbito legal y no en las calles. Afirmó que, si bien la resolución del TSE anula la directiva, también reconce la legalidad de las organizaciones del Pacto de Unidad que están alejadas de la “dirección nacional del MAS” que aún es controlada por el expresidente Evo Morales.
En el MAS de Morales tomaron la determinación con calma y pidieron al TSE hacer valer el congreso que realizarán ellos el 10 de junio en el trópico de Cochabamba. Además, Morales afirmó, en sus redes sociales, que ahora “es más necesario realizar con urgencia un congreso de unidad con la debida legalidad y legitimidad”.
Al respecto, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, consideró que es un “falso discurso” el congreso de unidad planteado por Evo Morales. “¿Un congreso de unidad? Yo considero que eso es un falso discurso porque hablamos de un congreso de unidad y nunca ha habido una respuesta”, apostilló.
Un tercer paso a la gobernabilidad la dio el TCP, que decidió revocar el fallo de la Sala Constitucional de Pando que había suspendido las elecciones judiciales. La demanda para el relevó de los magistrados aún frena que el Legislativo trate, por ejemplo, cerca de $us 900 millones de créditos.
EL DEBER
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