El pleno de la Cámara de Diputados sancionó este miércoles la Ley N°197/2019-2020 “de permanencia obligatoria en territorio nacional de autoridades del nivel central del Estado y entidades territoriales autónomas”.
“Hemos visto durante esta gestión de nueve u ocho meses que algunos funcionarios, no voy a decir todos, han huido del país llevándose grandes cantidades de dinero; eso ya no podemos permitir las autoridades que aún estamos en vigencia”, subrayó EL el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque.
Choque señaló pese a que existen normas como la Ley 1178 y la 004 para frenar malos manejos económicos, algunas autoridades las burlan y no rinden cuentas de los dineros que administraron, por lo que a partir del proyecto de ley que está en fase de revisión la Dirección de Migración asumirá el control para su cumplimiento.
Precisó que los altos funcionarios que estarán bajo la observancia del proyecto de Permanencia Obligatoria son de los cuatro órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral.
Según el texto aprobado, el objeto de la ley “es establecer la obligación de permanecer en el territorio nacional por el lapso de tres meses de haber cesado el mandato o ser destituido la o el Presidente, Vicepresidente, Ministros de Estado, Gobernadores, Alcaldes, las Directivas y Oficialías Mayores dela Asamblea Plurinacional, Asambleas Legislativas Departamentales, Concejos Municipales y Máximas Autoridades Ejecutivas de las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales, a efectos de rendir los informes que se requieran a las autoridades entrantes, en el marco de la transparencia y precautelando los intereses del Estado”, se comunicó en una nota de prensa de la Cámara de Diputados.
“Esta ley es inconstitucional, vulnera la Constitución Política del Estado, atenta contra la presunción de inocencia, contra la libre locomoción, vulnera tratados internacionales suscritos por el Estado boliviano. Nosotros vemos que es el Movimiento al Socialismo (MAS) el que ha decidido aprobar una ley con fines esencialmente político -partidarios vulnerando derechos y garantías constitucionales”, señaló por su parte la diputada de UD, Lourdes Millares, en un contacto con BTV.
La norma fue aprobada el 11 de agosto por la cámara de Senadores, luego el proyecto pasó a Diputados y su tratamiento se realizó la mañana de este miércoles, tras su aprobación corresponde la remisión de la misma al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
La semana pasada, la canciller Karen Longaric calificó a la denominada ley de arraigo de autoridades como un “absurdo jurídico” porque prejuzga la culpabilidad de las personas.
«Eso es otro absurdo (porque) es prejuzgar la culpabilidad de las personas, va contra el principio fundamental del derecho donde se prejuzga más bien la inocencia y no la culpabilidad; (los legisladores del MAS) quieren (…) predecir la comisión de un delito y eso es un absurdo jurídico, es absolutamente inconstitucional», manifestó la Canciller en su momento.
Pagina Siete
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