El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, desafió a la alta comisionada de la ONU Michelle Bachelet a visitar Bolivia a comprobar que las muertes ocurridas en Sacaba y Senkata en noviembre del a{o pasado no fueron ni por bala militar ni policial.
“Yo quiero decirle a la señora Bachelet, con el mayor respeto y cariño, la invito a Bolivia; que es muy fácil hablar desde lejos cuando no se conoce la realidad. La invito a venir a Bolivia a revisar todos los exámenes forenses de todos los muertos en Senkata y en Sacaba”, dijo el funcionario en rueda de prensa la mañana de este martes.
En ocasión de la presentación del informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre la crisis postelectoral de 2019, la expresidenta de Chile, en su condición de jefa del organismo, expresó su preocupación sobre la ausencia de esclarecimiento de los hechos de 2019, que sucedieron a la renuncia del entonces presidente Evo Morales y la llegada al poder de Jeanine Áñez.
“Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el período cubierto por nuestro informe”, dijo el lunes Bachelet.
En su “Informe sobre la situación de DDHH con posterioridad a las Elecciones del 20 de octubre de 2019”, el organismo de derechos humanos de la ONU concluyó que en la fase postelectoral de 2019 “la conducta del Estado ante la crisis trasgredió los estándares internacionales de derechos humanos”.
Según el registro periodístico, en la represión militar-policial de Sacaba, el 15 de noviembre, y Senkata, el 19 de noviembre, murió una treintena de manifestantes. Entonces, las Fuerzas Armadas ejecutó sendos operativos al amparo del Decreto Supremo 4078, que las eximía de eventuales procesos penales.
Murillo insistió en que las muertes en ambos hechos fueron ajenas a las fuerzas represivas del Estado. “Si se toma esa molestia la señora Bachelet, se va a dar cuenta de que todos los muertos fueron asesinados por sus compañeros; no hay ni un solo muerto, gracias a Dios, por la Policía ni por los militares, ni con bala policial ni con bala militar”, dijo.
Esa versión ya la había expresado Murillo el 15 de noviembre de 2020. Y en la noche del 19 de noviembre, cuando ocurrió la masacre de Senkata, como llamó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el ministro de Defensa, Luis Fernando, dijo a los medios de información que el Ejército no disparó ni un solo cartucho.
Murillo aclaró este martes que “la mayoría de los muertos son con bala en la nuca, en la espalda, en el costado”. “Yo hasta ahora no conozco una bala que se haya fabricado (para) que se dé la vueltita para entrarte por la nuca; no conozco. En un enfrentamiento, los tiros son el pecho, en la cara; son de frente”, aseguró.
Al respecto, el informe de la OACNUDH señala que “no hubo reportes de miembros de las fuerzas de seguridad que hubieran muerto o resultado heridos por armas de fuego durante estas protestas”.
“A la fecha, no se ha responsabilizado formalmente a nadie por las muertes ocurridas durante las protestas en Sacaba y Senkata”, reclama el documento.
Al contrario, el Ministro de Gobierno, cuestionó la presunta inacción de Bachelet en el conflicto de principios de agosto, cuando la Central Obrera Bolivia (COB) y el Pacto de Unidad propiciaron bloqueos en el país, que, en criterio del Gobierno, impidieron el paso de oxígeno medicinal y medicamentos necesarios para pacientes de COVID-19 en La Paz, Oruro y Cochabamba.
“Creo que sería importante decirle a la señora Bachelet qué opina de los casi 40 muertos que le debe el señor Evo Morales y el ‘socialismo del siglo XXI’ a nuestro país por los últimos 12 días de bloqueos, por falta de oxígeno. ¿Por qué no se pronuncia la señora Bachelet?”, refutó.
“Señor Bachelet, no se tape los ojos, mire con sus dos ojos. Bolivia necesita que haga todas las observaciones pero con total claridad, con transparencia y que no hagan campaña política”, insistió Murillo.
La COB y el Pacto de Unidad, que reúne a cinco grandes organizaciones sindicales y campesinas del país, protestaron contra la postergación de elecciones para el 18 de octubre definida con una resolución de sala plena por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Las protestas amainaron cuando la Asamblea Legislativa blindó la fecha de los comicios con una ley que, por su parte, la promulgó Áñez.
La Razón
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