La justicia determinó seis meses de detención preventiva para el expresidente ejecutivo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Henry Emilio Nina Calle, imputado por presuntas irregularidades en el proyecto Doble Vía El Sillar, Carretera Cochabamba–Santa Cruz. El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García Delfín, ofreció los detalles del caso.
Henry Nina ejerció funciones como máxima autoridad de la ABC hasta fines de 2023, para posteriormente asumir funciones como Director Nacional de EMAGUA. La exautoridad fue imputada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
La investigación preliminar identificó graves irregularidades técnicas, administrativas y contractuales durante la ejecución del proyecto carretero, una obra estratégica que comprometió una inversión pública superior a los 420 millones de dólares.
Entre los principales pruebas encontradas durante la investigación preliminar se encuentra la modificación del trazado original hacia el sector denominado “Barros Negros”, pese a que informes técnicos advertían riesgos de inestabilidad geológica y deslizamientos. Asimismo, se evidenció la ausencia de obras esenciales de drenaje y control hídrico, indispensables para garantizar la estabilidad de la plataforma vial.
“Se puede identificar un área como el sector de Barros Negros; el diseño original no recomendaba realizar el trazo, sin embargo se ejecutó igualmente, ocasionando agrietamientos, fisuras y posteriores deslizamientos”, explicó el viceministro Yamil García Delfín.
La investigación también establece que durante la gestión de Henry Nina se suscribieron cuatro contratos modificatorios que ampliaron de manera sucesiva los plazos del proyecto, pese a la existencia de observaciones técnicas y problemas geotécnicos ya identificados.
Asimismo, la Comisión de Recepción identificó posteriormente 719 fallas técnicas en la obra, entre ellas problemas estructurales, asentamientos, deficiencias de drenaje y vulneraciones constructivas, registrándose tiempo después hundimientos, deformaciones y movimientos en masa en distintos sectores de la vía.
En este sentido, el viceministro de Transparencia señaló que la investigación busca establecer responsabilidades sobre decisiones y omisiones que habrían comprometido recursos públicos y afectado una obra estratégica nacional.
La autoridad también informó que el Ministerio Público amplió la investigación a otros exfuncionarios y personal con capacidad de decisión dentro de la ABC, mientras continúan las pericias técnicas y financieras destinadas a establecer el alcance del presunto daño ocasionado al Estado.
El Deber
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