Ahoradigital. Un grupo de ciudadanos presentó ante la Sala Constitucional Primera de La Paz una acción de cumplimiento para exigir que la Asamblea Legislativa Plurinacional active un juicio de responsabilidades contra el presidente Rodrigo Paz por una presunta “traición a la patria”, en medio de las investigaciones relacionadas con el argentino Fernando Cerimedo.
El abogado Wilmer Vásquez, uno de los accionantes, sostuvo que la presencia y supuesta influencia de Cerimedo dentro del Palacio de Gobierno constituiría una injerencia extranjera en decisiones del Estado y afectaría la soberanía nacional.
Según los denunciantes, Cerimedo habría sido identificado como “asesor principal del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia” en tarjetas encontradas durante allanamientos y habría contado con un correo electrónico oficial con dominio de Presidencia, además de acceso al despacho presidencial. Estos elementos forman parte de la argumentación de los accionantes y no constituyen una determinación judicial sobre la existencia del delito o la responsabilidad de Paz.
Vásquez explicó que inicialmente solicitaron a la Cámara de Senadores iniciar un juicio de responsabilidades, pero ante la falta de respuesta recurrieron a la vía constitucional. La solicitud fue presentada el 24 de agosto y los accionantes alegan una supuesta “omisión inconstitucional” del Legislativo.
Entre sus pedidos, solicitan que la Sala Constitucional admita el recurso con carácter de urgencia y ordene a la Asamblea convocar a una sesión plenaria extraordinaria para tratar la acusación constitucional y determinar si corresponde iniciar el enjuiciamiento.
El memorial también pide el procesamiento de otras personas que los accionantes consideran involucradas, entre ellas Cerimedo, además de medidas cautelares sobre bienes y funciones de integrantes de la familia Paz, a partir de acusaciones de corrupción, cohecho y tráfico de influencias.
La acción se presenta en un momento de creciente presión política y judicial alrededor del caso Cerimedo, quien enfrenta investigaciones por distintos hechos y una nueva orden de aprehensión por presunto enriquecimiento ilícito.
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