La notificación por edicto al dirigente campesino Ponciano Santos para que se presente a declarar por el proceso que le abrió la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, no tendrá mucho efecto dijo la autoridad edil y aseguró que si hubiera sanciones de verdad para este delito, más mujeres en actividad política denunciarían sus casos.
“Espero que esta persona (Ponciano Santos) pueda asistir, aunque lo dudo mucho, porque está resguardado por su jefe, pero, creo que también es importante que la justicia utilice todos los mecanismos necesarios para poder hacer cumplir la ley”, dijo Copa en contacto con los medios de comunicación.
El 16 de septiembre de 2024, un día antes de iniciar la marcha desde Caracollo junto con Evo Morales, Ponciano Santos lanzó dos insultos contra la alcaldesa alteña. Tres días después su abogado, Frank Campero, anunció el inicio de una querella y lo denunciaron por los delitos de instigación al odio, discriminación y violencia política.
Desde entonces, Santos desapareció del espectro público y se refugió en el Chapare, pese a que su domicilio es en la ciudad de Santa Cruz. El 15 de noviembre de ese mismo año el dirigente campesino, afín a Evo Morales comunicó que se declaraba en la clandestinidad porque la fiscalía instauró contra él un proceso político.
Han transcurrido más de cuatro meses desde la desafortunada declaración del dirigente y este sigue recluido en el trópico de Cochabamba. El acusado tiene 10 días para presentarse ante la Fiscalía, al cabo de ese plazo pedirán su imputación formal.
Copa dijo que si existiera sanciones reales contra todas aquellas personas que denigran a autoridades políticas, solo por su condición de mujer, otras mujeres víctimas de violencia política podrían presentar más denuncias.
“Las mujeres no se presentan a ningún cargo político porque siempre hay el desprestigio y la difamación, incluso atentan contra la misma familia de ellas, así que ese es uno de los mayores miedos que se tiene para poder estar en el escenario político, si hubiera precedentes judiciales en cuanto al tema de sanciones yo creo que muchas más mujeres estarían dentro del ámbito político”, dijo la edil alteña.
De acuerdo con la ley Contra el Acoso y Violencia política hacia las Mujeres (ley 243) la sanción por violencia política es de 8 años y se agrava un tercio cuando la agraviada tiene un cargo público.
EL DEBER
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