Luego de sugerir un indulto para la expresidenta Jenaine Añez, Fernando Camacho y Marco Pumari, el exministro de Justicia Iván Lima precisó este lunes que este perdón judicial y la amnistía no se aplica a casos de violaciones graves a los derechos humanos.
“Sobre Amnistía e Indulto… Sólo debo precisar que en Bolivia, conforme al art. 172 numeral 14 de la CPE, esta atribución del Presidente debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa y que, de acuerdo al informe GIEI de la CIDH, no es posible dictar esta medida en casos de graves violaciones a los derechos humanos”, escribió en su cuenta de X.
El 20 de enero, después de que el presidente Luis Arce propuso un “gran pacto social”, para conmemorar el Bicentenario, y llamó a la unidad y la paz social, Lima sugirió la amnistía e indulto para Añez, Camacho y Pumari.
«Cuando se celebran fechas importantes se plantean figuras tan relevantes como el indulto o la amnistía. Algo que podría llamar la atención del país es que pensemos en esas figuras. Si uno quiere reconciliarse, quiere un pacto, lo más adecuado es que no haya personas que estén actualmente con detención preventiva o condenadas en un momento en el cual se busca paz y reconciliación», expresó el exministro Lima. ¿Consultado de si habla de Añez, Camacho y Pumari? Dijo: «Sí definitivamente”.
Añez, Camacho y Pumari son procesados actualmente por el caso “golpe de Estado I”, por la presunta comisión de los delitos de terrorismo y sedición, por la sucesión presidencial en noviembre de 2019, luego de que Evo Morales renunció por haber sido acusado de cometer fraude en las elecciones generales de octubre de ese año.
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La semana pasada, el ministro de Justicia, César Siles, también precisó que el indulto y la amnistía no se aplican en casos graves de violaciones a derechos humanos.
Por otra parte, Lima también sugirió correcciones en procesos penales que se llevan adelante en el país, con relación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“En el país tenemos más de 32.000 privados de libertad, el 70% de los mismos con detención preventiva, lo que nos muestra de manera inequívoca que los niveles de hacinamiento vulneran la dignidad humana. El sistema penal boliviano extingue la acción penal a los tres años de iniciado el proceso penal; sin embargo, hay casos que duran más de 27 años, algunos han llegado a la CIDH. Esperemos que pronto el sistema interamericano corrija las graves distorsiones al debido proceso que se dan en nuestro país”, escribió en la red social.
BD
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