Una investigación de presuntas irregularidades en la compra de bonos durante la gestión de Edwin Rojas como presidente del Banco Central de Bolivia (BCB) reveló un posible daño económico al Estado de más de 142 millones de dólares.
El caso se centró en una serie de transacciones en las que, según la auditoría realizada por la actual gestión del BCB, los bonos fueron adquiridos a precios considerablemente superiores a su valor de mercado.
El pasado 26 de abril, el fiscal Miguel Cardozo confirmó la aprehensión de Edwin Rojas, expresidente del BCB, junto con otros cinco exejecutivos del banco. Entre los detenidos se encuentran dos exgerentes y un exdirector que formaban parte del Comité de Operaciones de Mercado Abierto (COMA), presidido por Rojas.
El fiscal del caso explicó que las transacciones de compra de bonos fueron autorizadas por este comité y se realizaron a precios significativamente más altos que los valores de mercado, alcanzando sobreprecios de hasta un 40%.
Operaciones irregulares
El informe de auditoría, que salió a la luz en marzo de 2026, identificó al menos siete operaciones con bonos que presentaron irregularidades. Un ejemplo es una transacción en la que el BCB compró bonos por un valor de 21,7 millones de dólares cuando su precio real en el mercado era de 12,3 millones, lo que representó una diferencia de más de nueve millones de dólares en una sola operación.
Además, el informe reveló que en algunos casos se modificaron registros contables para reflejar el precio real pagado, en lugar de los valores de mercado en el momento de la transacción. Esta acción generó sospechas de alteración de los registros para encubrir el sobreprecio.
Próximos pasos en la investigación
A raíz de la denuncia presentada por el BCB, el Ministerio Público activó una investigación formal. Los implicados, entre ellos Rojas y sus colaboradores, fueron detenidos bajo la presunción de su responsabilidad en la aprobación de las compras de bonos con sobreprecio.
El fiscal Cardozo también mencionó que se solicitaría la detención preventiva de los aprehendidos durante seis meses mientras continúa el proceso judicial.
“Las compras se realizaron a un valor de 99,9% del valor nominal, mientras que en el mercado se encontraban entre un 52% y un 56% de su valor real. Esto resultó en un sobreprecio de aproximadamente el 40%”, detalló el fiscal, subrayando que las transacciones comprometieron una suma total que supera los 124 millones de dólares, cifra corroborada por la auditoría.
Además de los arrestos, se espera que dos exfuncionarios más sean citados para declarar en las próximas horas. El fiscal indicó que, dependiendo de las declaraciones, se decidirá si se procede con nuevas aprehensiones o si los involucrados quedarán en libertad mientras continúan las investigaciones.
El viceministro de Transparencia, Yamil García Delfín, sostuvo que las acciones legales continuarán para esclarecer los hechos y garantizar que se tomen las medidas adecuadas para proteger los recursos públicos. También enfatizó que el proceso será exhaustivo, con la intención de establecer responsabilidades y garantizar una gestión estatal más transparente.
El informe de auditoría y las evidencias presentadas hasta ahora confirman la existencia de un daño económico considerable al Estado, y la investigación está centrada no solo en los exfuncionarios directos, sino también en las áreas técnicas y los órganos de decisión dentro del BCB que participaron en las operaciones sospechosas.
Correo del Sur









