Organizaciones sociales del Trópico de Cochabamba militantes de Evo Morales pidieron al Ministerio Público emitir órdenes de arraigo contra el presidente Rodrigo Paz, su familia y todo su gabinete ministerial, en medio de las investigaciones y denuncias que rodean al asesor argentino Fernando Cerimedo.
El pedido fue planteado por Nelson Virreira, dirigente del evismo, durante la lectura de las resoluciones adoptadas por organizaciones del Trópico, la Federación Departamental de Mujeres Bartolina Sisa y la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico.
“Solicitar al Ministerio Público que emita las respectivas órdenes de arraigo para el presidente Rodrigo Paz, su familia y gabinete ministerial ante los escandalosos hechos de corrupción”, señaló Virreira.
Las organizaciones también exigieron que se investiguen denuncias que vinculan el caso con presuntos delitos de narcotráfico, contrabando de oro, sicariato, homicidio, feminicidio y enriquecimiento ilícito. La Razón aclaró que estas acusaciones corresponden a denuncias y cuestionamientos políticos y que no constituyen hechos establecidos judicialmente contra las personas mencionadas.
El pedido surge mientras Cerimedo enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y permanece detenido preventivamente en el penal de Palmasola por un proceso relacionado con el ataque contra Nadia Beller.
El caso también puso bajo cuestionamiento la relación entre Cerimedo y el entorno presidencial. Paz reconoció que el argentino colaboró durante su campaña electoral y en los primeros meses de su gestión, aunque negó que haya tenido autorización para representar al Gobierno, a la Presidencia o a su familia.
En paralelo, la Fiscalía investiga el patrimonio y las actividades de Cerimedo. En su declaración, el argentino afirmó que durante 2025 tuvo ingresos cercanos a un millón de dólares mensuales por actividades fuera de Bolivia, mientras evitó responder varias preguntas relacionadas con su llegada al país y su vínculo con Paz.
Las organizaciones del Trópico también cuestionaron la supuesta influencia del argentino en las decisiones del Gobierno y acusaron al Ejecutivo de permitir una intervención extranjera en asuntos de Estado.
Además del pedido de arraigo, exigieron la abrogación del Decreto Supremo 5676 y rechazaron un eventual incremento en el precio de los combustibles.
Ahoradigital
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