Nuevamente, los diputados masistas, Ramiro Venegas y Freddy López, salieron a confrontar al Ejecutivo. Esta vez denunciaron que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre presuntas ejecuciones sumarias en 2009 fue filtrado por la agencia de inteligencia de EEUU, CIA y señalaron al ministro de Justicia, Iván Lima como el responsable de entregar a los medios de comunicación.
“Hay que ser sinceros y claros, acá al ministro de Justicia está en contra de lo que es nuestro comandante, el compañero, Evo Morales Ayma, entonces hay enemigos internos que posiblemente han filtrado el documento”, dijo el diputado López cuando fue consultado sobre el tema.
Su correligionario, Ramiro Venegas, apuntó a la CIA por lo que considera nuevos ataques contra Evo Morales. Aseguró también que la relación de la CIDH con la OEA demostraría la intervención directa de EEUU. Bajo este argumento, Venegas contempla que la agencia norteamericana filtró un informe que tiene carácter de reservado y confidencial.
“La CIA habría filtrado un documento que todos sabemos es de mucha reserva, que no la han expuesto oficialmente, pero ahí está la CIA trabajando, en el contexto de que quiere boicotear el actual Gobierno constitucionalmente elegido”, dijo en conferencia de prensa.
El fin de semana, EL DEBER publicó parte del informe de la CIDH. La denuncia fue presentada por el abogado Gerardo Prado en septiembre de 2009 y 13 años más tarde, el organismo le dio la razón. El Gobierno dijo que ese informe era reservado y no se podía filtrar de ese modo.
Desde el martes, circulan diversas versiones que tratan de ubicar a los infidentes. Se señaló primero al Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, quien deslindó cualquier responsabilidad en una posible filtración. Este miércoles dos diputados señalaron al ministro de Justicia.
EL DEBER intentó conocer una versión del ministro aludido, sin embargo, desde su unidad de comunicación no hubo una respuesta al mensaje que solicitaba la entrevista con la autoridad.
En mayo de este año, ambos diputados también protagonizaron una confrontación con el vicepresidente, David Choquehuanca y luego con el ministro de Gobierno, Carlos del Castillo. Presentaron una acción de cumplimiento para obligar al Vicepresidente a instalar una sesión de interpelación contra el ministro de Gobierno. Días más tarde, iniciaron una querella penal contra Del Castillo por un supuesto cobro de dinero a cadetes de la Academia de Policías. Ninguno de los casos prosperó.
Tomado de El Deber
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