El Gobierno calificó de “muy graves” los señalamientos de Estados Unidos contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y anunció que solicitará información y elementos probatorios a Washington para esclarecer los fundamentos de las acusaciones.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, afirmó que el Ejecutivo colaborará con las investigaciones que correspondan, pero remarcó que cualquier actuación en Bolivia deberá respetar la independencia de las instituciones y el debido proceso.
“Esta situación es un examen para nuestra institucionalidad democrática”, sostuvo Aramayo, quien señaló que las investigaciones deben desarrollarse de manera independiente, transparente y sustentada en evidencia.
Por su parte, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que, a través de la Cancillería, se solicitará oficialmente al Gobierno de Estados Unidos información sobre los elementos que llevaron a imponer restricciones de visa a Mariaca.
Justiniano sostuvo que las acusaciones relacionadas con corrupción, narcotráfico y crimen organizado deben ser esclarecidas con evidencia y cooperación internacional, pero pidió evitar una politización del caso mientras no se conozcan mayores antecedentes.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció además que su cartera iniciará una investigación “a fondo” sobre las personas incluidas en la lista difundida por Estados Unidos.
Las declaraciones del Ejecutivo se producen después de que el Departamento de Estado estadounidense incluyera a Mariaca entre 12 ciudadanos bolivianos a quienes impuso restricciones de visa. Según la versión estadounidense, el fiscal general habría incurrido en “actos de corrupción significativa” vinculados con la protección al narcotráfico.
Mariaca rechazó las acusaciones y afirmó que continuará ejerciendo sus funciones y con las investigaciones relacionadas con el denominado caso Cerimedo. El fiscal general sostuvo que Bolivia es un Estado soberano y que las instituciones nacionales son las llamadas a investigar y esclarecer cualquier denuncia dentro del marco legal.
Mientras tanto, los presidentes del Senado y de Diputados pidieron que Mariaca se aparte temporalmente del cargo mientras se esclarecen los señalamientos y anunciaron que solicitarán una sesión de la Asamblea Legislativa para abordar el caso. También aclararon que una denuncia no constituye una sentencia y que cualquier decisión debe sustentarse en pruebas y procedimientos legales.
El caso abre ahora un nuevo frente institucional en Bolivia, mientras el Gobierno espera recibir de Estados Unidos la información que permita conocer el sustento de las acusaciones y determinar qué acciones corresponden dentro del país.
Ahoradigital
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