Ahoradigital – El Ministerio Público presentó una acusación formal contra 10 personas dentro del caso Botrading, investigación que apunta a presuntas irregularidades en contratos suscritos por YPFB con esta empresa, constituida en Paraguay para operaciones vinculadas a la adquisición de combustible y crudo.
La acusación fue presentada el 22 de septiembre ante el Juzgado Quinto de Instrucción Penal, Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de La Paz por una comisión de fiscales. Entre los acusados se encuentra Armin Dorgathen, expresidente de YPFB durante la gestión de Luis Arce.
Dorgathen, Abraham Cruz Taca, Cinthia Pedraza y Gabriela Delgadillo fueron acusados, en grado de autoría, por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
La Fiscalía también incluyó en la acusación a Omar Alarcón Saigua, Julio César Camargo Pérez, Miguel Ángel Colque Pacheco, Luis Rolando Ayala Sánchez, Walter Elías Monasterios Orgaz y Gabriela Liceth Peña Vargas, aunque los delitos atribuidos varían según la situación de cada investigado.
Uno de los pedidos centrales del Ministerio Público es la confiscación de bienes muebles, inmuebles y valores de todos los acusados, argumentando que durante las etapas preliminar y preparatoria se obtuvo información sobre sus bienes y se cumplieron los trámites correspondientes.
El caso Botrading investiga presuntas irregularidades relacionadas con la creación y administración de la subsidiaria de YPFB en Paraguay. Una de las líneas de investigación está vinculada a contratos para la adquisición de carburantes y a un presunto sobreprecio en estas operaciones.
Según la información publicada por Correo del Sur, Dorgathen actualmente tiene paradero desconocido. Videos difundidos en medios y redes sociales lo ubican presuntamente en Brasil, aunque esta versión no equivale a una confirmación oficial de su ubicación.
Con la acusación formal, el Ministerio Público busca que el proceso avance hacia la etapa de juicio. La presentación fiscal contiene imputaciones que deberán ser analizadas por la autoridad judicial y que no constituyen, por sí mismas, una sentencia condenatoria.
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