Los diputados supraestatales Carlos Arrien y Clotilde Padilla de la bancada de Creemos, mediante nota, solicitaron a los organismos internacionales que envíen una misión de expertos en derechos humanos a Bolivia para que evidencien la violencia y el cerco que impulsa el gobierno de Luis Arce contra quienes exigen el censo 2023.
«Solicitamos a su autoridad envíe una comisión de veedores para que evidencien estas nefastas acciones que vulneran derechos humanos que atentan contra la vida, ya que lo mencionado no implica de manera alguna que asumamos en silencio los excesos del Gobierno de Luis Arce», se lee en la carta.
En la nota dirigida a Alejandra Reynoso, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Parlamentaria (UIP), Arrien informa sobre la decisión que asumieron los cruceños en un cabildo: de ir a un paro indefinido desde el 22 de octubre si el gobierno de Arce no atiende su demanda la abrogación del decreto 4760. La nota también fue remitida a Naciones Unidas y la Unión Europea.
«El gobierno no escuchó la demanda de los bolivianos. Por lo que nos vimos obligados a sacrificarnos e ingresar desde las cero horas del sábado 22 de octubre a un paro indefinido para lograr un censo en 2023», según la nota. Agrega que desde entonces el gobierno arremetió contra los cruceños enviando a servidores públicos, grupos de choque y a efectivos policiales para generar violencia.
Añade que, «el lunes 24 de octubre, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, se reunió con organizaciones sociales y militantes del MAS, quienes amenazaron con un cerco a Santa Cruz. Y así fue, cercaron a la ciudad cruceña impidiendo el ingreso de alimentos, insumos médicos, y la circulación de ambulancias. La arremetida no paró, YPFB cortó el gas del Parque Industrial con la excusa de se realizan trabajos de mantenimiento, asfixiando de esa forma al sector productivo».
El diputado supraestatal afirma -en su carta- que la arremetida no quedó ahí, pues afines al gobierno también impiden a la empresa Municipal de Aseo Urbano (Emacruz) cumplir con el recojo de basura en la ciudad de Santa Cruz, por lo que la basura comienza acumularse en los domicilios y las calles cruceñas atentando contra la salud de los ciudadanos, dice una nota de prensa de esa organización política.
La autoridad explicó que la Corte Penal Internacional, en su artículo 7 señala que el «exterminio» comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida entre otras la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras encaminadas a causar la destrucción de parte de una población. Es preocupante la arbitrariedad que practica el gobierno de Luis Arce, más aún cuando existen recomendaciones que establecen que se debe erradicar la tortura y los tratos crueles inhumanos o degradantes».
Agregó que: en ocho días del paro cruceño, la violencia no se frenó, por el contrario, se replicó en La Paz, Cochabamba, Tarija, donde ciudadanos también exigen al gobierno la realización del conteo poblacional en 2023. «Los bolivianos fueron agredidos con palos, piedras y armas blancas dejando varios heridos. Lo lamentable es que los agresores quedan en la nefasta impunidad, que les otorga el gobierno de Luis Arce», señala la nota.
El diputado también denunció que la arremetida se repitió la noche del viernes en el Plan 3000 donde en un cabildo los cruceños ratificaron resistir hasta lograr un censo en 2023. Ante ello, llegó un grupo de choque a disuadir la concentración y lanzó una lluvia de petardos y piedras contra los cruceños, acciones que fueron reforzadas por la policía que lanzaron agentes químicos que ingresaron a las casas donde había niños y personas de la tercera edad.
ANF
Mira también
Comentarios