El empresario y político Samuel Doria Medina emplazó este jueves al fiscal general del Estado interino, José Urioste, a iniciar una pesquisa formal, verídica y sin presiones sobre las grabaciones atribuidas al exasesor presidencial Fernando Cerimedo con altas esferas del Órgano Ejecutivo.
El también líder de Unidad advirtió que la credibilidad de la máxima autoridad del Ministerio Público depende de la celeridad con la que asuma este proceso.
“He manifestado que el nuevo Fiscal General tiene una oportunidad de oro para cambiar el ciclo de la Justicia en bien del país. Para eso la historia le impone que comience una investigación real e independiente sobre los audios en los que supuestamente aparece Cerimedo en diálogo con altas autoridades del Gobierno en términos muy reprobables. El fiscal no puede dilatar más esta pesquisa o nadie va a creer en su independencia”, escribió Doria Medina en su cuenta de X.
El opositor planteó una ruta operativa de tres acciones concretas que la Fiscalía debe encarar de inmediato: determinar la autenticidad técnica de los registros sonoros con empresas periciales independientes externas —al descartar al Instituto de Investigaciones Forenses por falta de credibilidad ciudadana—; auditar las cuentas, patrimonios y transacciones financieras de cada persona identificada en los audios auténticos; e imputar ante la justicia ordinaria a todos los sospechosos de delitos contra las arcas estatales.
“Esta acción es imprescindible para darle sostenibilidad al gobierno y a la democracia. Los ojos del país están puestos en José Armando Urioste”, indicó el empresario.
Hasta la fecha, salieron más de una decena de audios de Cerimedo en conversación con distintos ministros e incluso con la esposa de Paz, María Elena Urquidi, y su hija Catalina Paz. En las grabaciones Cerimedo y ministros negocian algunos contratos y revelan pulsetas en el manejo de empresas estatales.
Por ello, diversas fuerzas políticas exigen esclarecer las supuestas coordinaciones irregulares y la injerencia política del exasesor que guarda reclusión preventiva en el penal de Chonchocoro.
La Razón
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