El expresidente Carlos Mesa denunció hoy que el socio de la empresa Quiborax, David Moscoso , le inició un juicio por supuesta injuria, difamación y calumnia al igual que a su abogado Carlos Alarcón por haberlo señalado como «falsificador» de un documento en base a una sentencia judicial.
El también líder de Comunidad Ciudadana (CC) afirmó que esta denuncia forma parte de una «persecución política» en su contra por parte del gobierno del presidente Luis Arce.
«Hace algunos días como parte de la persecución política de la que somos víctimas reales y potenciales los jefes políticos del país, de diferentes organizaciones políticas de oposición, se nos ha presentado a Carlos Alarcón y a mi un juicio penal privado por injurias, difamación y calumnia» informó Mesa en conferencia de prensa.
El denunciante es David Moscoso Ruiz, socio de Non Metalic Minerals- Quiborax quien falsificó un documento, un acta de fundación de su empresa, para permitir un juicio internacional contra Bolivia, según la explicación de Mesa.
«Es decir que el autor de la falsificación que terminó en la entrega de la increíbe suma de 42,6 millones de dólares a una empresa pirata chilena MMM Quiborax es quien nos abre un juicio a Carlos Alarcon y a mi», refirió el exmandatario.
El denunciante se queja de que lo hayan acusado de falsificar un documento; sin embargo, existe una sentencia judicial de 14 de agosto de 2009 que condena a Moscoso por falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado para llevar una acción ilegal que perjudicaría a Bolivia.
«Aunque les parezca increíble, el falsificador condenado por falsificación, que reconoció personalmente su falsificación, nos acusa a nosotros de haberle dicho falsificador», lamentó.
Sin embargo, el 20 de julio de 2021, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia anuló dicha sentencia emitida por el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal Cautelar de la ciudad de La Paz y absolvió a Moscoso Ruiz.
Pero Mesa no fue el único que refirió la falsificación de Moscoso, en 2018 también lo hizo el entonces el entonces ministro de Justicia Héctor Arce; sin embargo, el aludido no inició un juicio por difamación y calumnia como a Mesa.
«Esta es una tramoya organizada por el gobierno de Luis Arce y operada por el ministro de Justicia (Iván Lima) para disfrazar la persecución política con un acto de querella privada en contra nuestra y de Carlos Alarcón», denunció.
Mesa, durante su presidencia, expulsó del país a Quiborax y nacionalizó la costra salina del salar de Uyuni, pero el caso derivó en un arbitraje internacional ante el CIADI donde finalmente ganó el laudo por el que Bolivia tuvo que pagar $us 42,6 millones a una compañía, que según el expresidente, no invirtió ni medio millón de dólares.
El exmandatario denunció que con esta denuncia se vulnera su derecho a la defensa porque también se enjuicia a su abogado defensor, Carlos Alarcón, ahora asambleísta de CC.
La senadora Andrea Barrientos (CC) anunció que presentarán un juicio de responsabilidades en contra de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que anularon el fallo contra el socio de Quiborax.
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