A 12 años de la implementación de la Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres (243) en Bolivia, activistas ven un avance mínimo en el cumplimiento de la norma; las denuncias siguen en ascenso y muchas quedan en la nada por miedo, falta de evidencia o desconocimiento de la norma. Hasta la fecha sólo hay cuatro sentencias.
Desde el Órgano Electoral informan de 308 casos conocidos desde 2016 hasta fines de abril de este año; en tanto que desde la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) reportan 929 denuncias.
Además, se suman otras denuncias que llegan a las salas constitucionales y a la Fiscalía. Lo que pasa es que no se cuenta con cifras oficiales porque la Ley 243 establece que las denuncias pueden ser por vía civil y penal.
Sólo este año se notificaron 45 denuncias ante el Órgano Electoral; la mayoría de los casos se presentó en las ciudades de La Paz y Cochabamba; otros 65 llegaron a Acobol, señaló su responsable Mayra Poveda.
La profesional ve problemas en la aplicación de la ley por desconocimiento de la Policía y del Ministerio Pública al momento de recibir la denuncia y de encarar la etapa de la investigación. “Se niegan a levantar la denuncia y no aplican adecuadamente las medidas de protección”, señaló.
Poveda señaló que ejercen presión para lograr la gestión compartida, “quieren que las concejalas renuncien en favor de sus suplentes”.
Rechazan su fiscalización, les retienen el sueldo y limitan su trabajo. “No les dan escritorio, les impiden subir a los coches oficiales, les niegan espacios en las tarimas”, contó Poveda.
Los casos
La directora de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez, coincidió con la falta de conocimiento de los funcionarios al momento de aplicar los protocolos.
Poveda señaló que otro favor en contra es la retardación y de justicia por lo que se cuenta con pocas sentencias. El caso más emblemático de violencia política fue el asesinato de la concejala de Ancoraimes, Juana Quispe: la justicia falló después de 12 años 30 años de cárcel para el exalcalde de Ancoraimes Félix Huanca y el expresidente del Concejo Municipal Pastor Cutile.
Otros casos son de la concejala de Villamontes, Norma Hidalgo; de Riberalta, Soraya Destre, y de Ocurí, Martha Villca, Celia Colque Marcani y Alejandra Quispe, quienes lograron sentencia de tres años contra sus agresores, un cooperativista minero.
Hay más casos de gestión compartida
De acuerdo con una sistematización realizada por la Coordinadora de la Mujer sobre denuncias de acoso y violencia política, la mayoría son por la presión para la gestión compartida.
De 151 casos registrados en 2023, 52 eran por lograr la gestión compartida, 18 por limitación de funciones, 15 por ingobernabilidad y conflicto de atribuciones; 13 por discriminación, 12 por retención de salarios, 10 por fiscalización, 8 por presión para renunciar y 6 por negativa a la conformación de la directiva del Concejo Municipal.
Fuente: Los Tiempos
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