El Gobierno afirmó este jueves que la exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo deberá responder ante la Justicia por el caso del ex Fondo Indígena y rechazó que las acciones judiciales en su contra obedezcan a una persecución política.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que el Ejecutivo respeta la independencia de la Justicia y sostuvo que toda persona requerida por las autoridades competentes tiene la obligación de comparecer ante ellas.
«Lo que deberíamos pedirle a todos los ciudadanos es que se presenten ante la Justicia cuando son requeridos y no hay excepciones al respecto», afirmó la autoridad durante una conferencia de prensa.
Nemesia Achacollo
Gálvez remarcó que el principio de igualdad ante la ley debe aplicarse sin distinciones. «Nadie está por encima de la ley y todos tenemos que presentarnos ante la ley cuando somos requeridos. Y eso es lo que debe suceder», enfatizó.
Las declaraciones del vocero se producen después de que Interpol confirmara la vigencia del sello rojo contra Achacollo, medida que busca facilitar su ubicación y captura con fines de extradición dentro del proceso por el caso Fondo Indígena. La exministra es investigada por presuntos hechos de corrupción vinculados al manejo de recursos destinados a proyectos de organizaciones sociales y permanece fuera del país.
Ex Fondo Indígena
El caso Fondo Indígena es uno de los procesos por corrupción de mayor impacto en Bolivia y se originó tras detectarse millonarios desembolsos para proyectos que no fueron ejecutados o quedaron inconclusos.
En esa investigación, Achacollo figura entre las principales procesadas por su condición de máxima autoridad del Ministerio de Desarrollo Rural durante el funcionamiento del fondo.
José Luis Gálvez
Aunque evitó referirse a aspectos específicos del proceso penal, Gálvez insistió en que el Gobierno no interfiere en las investigaciones y reiteró que corresponde a las instancias judiciales definir la situación legal de la exautoridad.
El vocero concluyó que el respeto al Estado de derecho exige que todas las personas sometidas a procesos judiciales comparezcan ante las autoridades competentes, independientemente del cargo que hayan ocupado o de su trayectoria política.
La Razón
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