Ahoradigital.- El presidente Rodrigo Paz promulgó este jueves la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026, destacando que su aprobación en la Asamblea Legislativa fue posible gracias a un amplio consenso político y permitirá asegurar mayores recursos para gobernaciones, alcaldías y áreas prioritarias como salud, educación y seguridad.
Durante el acto de promulgación, el mandatario afirmó que la norma representa un paso importante en la recuperación económica del país y valoró el respaldo alcanzado en el Legislativo. Sostuvo que el acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas demuestra que es posible construir soluciones cuando se priorizan los intereses de la población por encima de las diferencias partidarias.
El PGE Reformulado incorpora una redistribución de recursos generados por la reducción del gasto corriente no esencial del Gobierno central. De acuerdo con el Ejecutivo, esos fondos serán destinados a fortalecer las finanzas de los gobiernos subnacionales y a incrementar la inversión en sectores considerados estratégicos, entre ellos salud, educación, seguridad ciudadana e infraestructura.
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, había señalado tras la aprobación legislativa que las modificaciones presupuestarias constituyen un «consenso histórico», al haber sido respaldadas por más de dos tercios de la Asamblea. Según la autoridad, el nuevo presupuesto permitirá una asignación más eficiente de los recursos públicos y atenderá las necesidades más urgentes de las regiones.
Asimismo, el Gobierno remarcó que el presupuesto reformulado busca acompañar el programa de estabilización económica impulsado por la administración de Rodrigo Paz, en un contexto marcado por restricciones fiscales, necesidad de fortalecer las finanzas públicas y mayores demandas de recursos por parte de los gobiernos departamentales y municipales.
Con la promulgación de la ley, el Ejecutivo queda habilitado para ejecutar las modificaciones presupuestarias durante lo que resta de la gestión 2026, con el objetivo de acelerar la inversión pública y mejorar la capacidad financiera de las entidades territoriales autónomas.
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