Dos sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) invalidan por el «principio de proporcionalidad» la Ley del Arraigo que obliga a autoridades nacionales, departamentales y municipales a permanecer en el país tres meses después de haber dejado el cargo para fines de investigación ante posibles casos de corrupción.
El diputado opositor Edgar Rendón lamentó que el MAS haya aprobado la ley en la Asamblea Legislativa, sin realizar un previo estudio sobre la constitucionalidad y convencionalidad, haciendo perder el tiempo al Legislativo en temas innecesarios.
El asambleísta elaboró un análisis legal donde cita la SCP 0024/2018-S2 de 28 de febrero y la SCP 2299/2012 por el cual el Tribunal ordena a toda autoridad que «al momento de elaborar una ley, emitir una norma o aplicar una disposición legal que limita un derecho fundamental, debería efectuar un juicio de proporcionalidad en base a tres aspectos fundamentales.
El primer reto de toda autoridad es ver si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma. La segunda si la medida es necesaria, y si acaso, existen otras menos graves que restrinjan en menor medida el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas para alcanzar la finalidad perseguida, dice la sentencia constitucional.
Y la tercera obliga a «analizar la proporcionalidad en sentido estricto que consiste en estudiar si la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida».
Dijo que si los asambleístas del MAS hubieran observado este método habrían comprobado la inconstitucionalidad de esta ley que también alcanza a directivas y oficiales mayores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Asambleas Legislativas Departamentales, Concejos Municipales y Máximas Autoridades Ejecutivas, quienes deben permanecer en el país por tres meses bajo responsabilidad penal en caso de incumplimiento.
Ante esta situación no descarta activar un recurso abstracto ante el Tribunal Constitucional, tomando en cuenta las dos sentencias y los artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) y tratados internacionales que fueron ignorados por el MAS.
Dijo que la mencionada ley desconoce el artículo 13 de la CPE que advierte que los derechos reconocidos son inviolables, indivisibles, pero con la Ley del Arraigo el Estado en lugar en obligarse a cumplir, desprotege a los mismos ciudadanos.
Subrayó como algo fundamental el artículo 21 que garantiza a «la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país». Este precepto está refrendado por el artículo 7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que son parte del bloque de constitucionalidad.
Adicionalmente se viola el artículo 115 donde el Estado garantiza el derecho al debido proceso y el 116 que «garantiza la presunción de inocencia». «El MAS se pasó por el forro toda esta estructura constitucional y de convenios internacionales para aprobar una ley totalmente inaplicable e inservible para la vida jurídica del país», manifestó.
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