AHORADIGITAL.- El presidente del Colegio de Abogados de Tarija, Fernando Valverde, se pronunció sobre la reciente interposición de amparos constitucionales por parte de postulantes a cargos electorales. Si bien reconoció que estos recursos son un derecho fundamental de todo ciudadano boliviano, subrayó la urgencia de que el Órgano Judicial actúe con celeridad para no afectar el cronograma electoral ni los plazos de designación de nuevas autoridades.
Valverde enfatizó que los jueces deben aplicar los principios procesales de manera que no se repitan escenarios pasados donde los procesos quedaron estancados. “En este caso entendemos que aún están en plazo, no ha existido aún la preclusión del momento electoral, entonces el órgano judicial mediante el Tribunal Constitucional tiene que emitir las sentencias de forma oportuna y rápidas, sin volver a suspender procesos electorales, porque eso ya es atentar contra el derecho de todos.”
El jurista explicó que existe una jerarquía de derechos que los administradores de justicia deben considerar al momento de emitir sus fallos. En su análisis, el bienestar de la sociedad y su derecho a elegir a sus representantes es superior a las pretensiones particulares de un solo aspirante. Para Valverde, el derecho al sufragio es un bien colectivo que debe protegerse frente a cualquier intento de manipulación o dilación innecesaria.
Sobre la actuación de los tribunales, el representante de los abogados señaló que el respeto a la soberanía popular es fundamental para evitar el uso político de la justicia constitucional. “Tomando en cuenta que el soberano es el dueño de la elección y no el Tribunal Constitucional y de esta manera evitar una vez más el manoseo de elecciones, el manoseo político por parte del Tribunal Constitucional.” Asimismo, expresó su confianza en que los nuevos magistrados mantendrán el principio de legalidad a diferencia de gestiones anteriores.
Respecto a los plazos procesales, el presidente del Colegio de Abogados fue contundente al recordar que la ley establece tiempos breves para estas acciones. Una acción de amparo debe resolverse en un máximo de 48 horas, lo que permite que el sistema judicial actúe sin necesidad de prorrogar el mandato de las autoridades que están por cumplir sus funciones el próximo 19 de diciembre. Cualquier demora excesiva, advirtió, podría generar responsabilidades legales para el propio Tribunal.
Finalmente, Valverde reiteró que la institucionalidad democrática depende de que no se suspenda la designación de autoridades bajo el pretexto de resolver recursos individuales. La expectativa del gremio de abogados es que la justicia actúe como un facilitador del proceso democrático y no como un obstáculo, garantizando que el calendario electoral se cumpla a cabalidad y se respete la voluntad del soberano.
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