La investigación por presuntas irregularidades en la adquisición e implementación del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA) alcanza a exautoridades de tres gobiernos. Además de Edmundo Novillo, quien fue ministro de Defensa durante la administración de Luis Arce y fue aprehendido el jueves, otros tres exministros fueron incluidos en la denuncia presentada por el Gobierno.
Se trata de Reymi Ferreira y Javier Zabaleta, quienes ejercieron el cargo durante el gobierno de Evo Morales, y Luis Fernando López, que fue ministro de Defensa durante la administración transitoria de Jeanine Áñez.
¿QUIÉNES SON LOS EXMINISTROS DENUNCIADOS?
Reymi Ferreira fue ministro de Defensa entre 2015 y enero de 2018, durante el gobierno de Evo Morales. Según la Procuraduría General del Estado, firmó el contrato original para la adquisición del sistema de radares y las dos primeras modificaciones contractuales.
Javier Zabaleta ocupó el Ministerio de Defensa desde enero de 2018 hasta noviembre de 2019, también durante la administración de Morales. De acuerdo con los antecedentes de la denuncia, firmó las modificaciones contractuales tercera y cuarta.
Luis Fernando López fue ministro de Defensa durante el gobierno de Jeanine Áñez, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020. En su gestión se suscribió la quinta modificación contractual, según la información oficial.
Edmundo Novillo, por su parte, fue ministro de Defensa durante el gobierno de Luis Arce, entre 2020 y 2025. Durante su gestión se firmaron las modificaciones sexta y séptima del contrato. Su aprehensión dio un nuevo impulso público al caso.
UN CONTRATO MILLONARIO BAJO LA LUPA
El proyecto fue contratado en 2016 con la empresa francesa Thales por más de 191 millones de euros. Contemplaba la instalación de 13 radares civiles y militares, centros de control, sistemas de comunicación, obras civiles, software, capacitación y transferencia tecnológica.
Según el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, una auditoría interna identificó un posible daño económico superior a Bs 1.478 millones.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con los plazos de ejecución. El contrato original establecía 31 meses para la entrega del sistema, pero las modificaciones ampliaron ese periodo a 82 meses. La demostración final se realizó aproximadamente 98 meses después de la suscripción del primer documento.
La auditoría también identificó observaciones en el funcionamiento de los equipos: dos radares estaban operativos sin observaciones, nueve funcionaban con observaciones y otros dos no estaban operativos, pese a que el proyecto registraba un 100% de ejecución física y un 97,85% de ejecución financiera.
LA FISCALÍA DEBE DETERMINAR RESPONSABILIDADES
La denuncia penal fue presentada contra 19 personas, entre ellas los cuatro exministros, además de exfuncionarios, responsables técnicos y representantes vinculados a la empresa contratista.
Los delitos señalados en la querella incluyen contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
La investigación deberá establecer qué decisiones adoptó cada una de las personas denunciadas y si existen responsabilidades penales individuales. La inclusión en una denuncia no implica, por sí misma, que los acusados sean culpables.
El caso pone bajo escrutinio decisiones adoptadas durante varias administraciones gubernamentales y abre interrogantes sobre la contratación, las modificaciones, la recepción y el funcionamiento de uno de los proyectos de defensa más costosos del Estado boliviano.
Ahoradigital
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