El Magisterio Urbano de La Paz ratificó este martes su rechazo total al Decreto Supremo 5503 y anunció que las medidas de presión escalarán hacia una paralización económica del país, más allá de las huelgas de hambre que ya cumplen su segundo día.
José Luis Álvarez, dirigente del magisterio urbano paceño, señaló que la huelga de hambre instalada en la Casa Social del Maestro, en La Paz, es una medida táctica para mantener la presión durante el periodo de fiestas y feriados por fin de año.
“Pero el objetivo no es masificar la huelga de hambre. Sino el objetivo es lograr que se masifiquen las movilizaciones callejeras. Que se masifique el bloqueo de caminos y que se paralice la economía”, señaló a los medios.
También calificó al decreto como una declaración de guerra del Gobierno contra los sectores sociales. Según el dirigente, aceptar el DS 5503 significaría “entregar todos nuestros recursos naturales a las transnacionales. Eliminar todo tipo de impuestos a los grandes empresarios. Mantener los salarios totalmente congelados y además elevar el costo de vida con el gasolinazo”.
El líder sindical describió la normativa como un decreto “totalmente antinacional, propatronal y antiobrero”. Y, dejó en claro que la única demanda del sector es su abrogación completa.
Consultado sobre el diálogo con el Gobierno, señaló que depende de la abrogación del Decreto 5503. “Quisiéramos que el gobierno nos diga qué artículo beneficia a los maestros, a los trabajadores, a los desocupados”, indicó.
Medidas de presión
El lunes, el magisterio se sumó a las medidas de presión instaladas por el Comité de Amas de Casa Mineras (Conacmin) y por siete representantes de la Central Obrera Boliviana (COB), que mantienen huelgas de hambre en la sede de la entidad.
Además, las principales organizaciones campesinas del país, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), ya anunciaron su incorporación a las movilizaciones.
Este martes, los choferes asalariados también anunciaron su respaldo a las movilizaciones de la COB y desconocieron el acuerdo al que llegó el Gobierno con la Confederación de Choferes de Bolivia el pasado domingo.
Rechazo
Por su parte, autoridades del Estado consideran que hay una motivación política en las medidas de presión contra el decreto, impulsadas por sectores que buscan mantener sus privilegios y no afrontar la realidad económica que atraviesa el país.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, aseguró que las movilizaciones tienen “tintes políticos” y están influenciadas por “actores del pasado”.
La Razón
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