La Relatora de Naciones Unidas sobre la situación de defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, expresó su preocupación por un presunto uso indebido del derecho penal y amenazas contra Waldo Albarracín, por lo cual solicitó información al Estado e instó al Gobierno a proteger los derechos humanos del exdefensor del Pueblo y de su familia.
La posición está expresada en una nota enviada con fecha de noviembre del año pasado de parte de la Relatora al Estado boliviano. El texto fue revelado este lunes y está publicado en la página web del organismo.
En la nota, Lawlor señala que ha recibido información sobre presunto uso indebido del derecho penal, además de amenazas y actos de hostigamiento en contra de Albarracín, por hechos como la denuncia de paternidad que resultó falsa, las intenciones de involucrarlo en los casos “Golpe de Estado” y de corrupción en la UMSA, además de la quema de su casa en 2019 y amenazas que ha recibido posteriormente.
“Sin implicar, de antemano, una conclusión sobre los hechos anteriormente expuestos, expreso mi preocupación por el presunto uso indebido del derecho penal contra el Sr. Albarracín Sánchez, que temo sea un acto buscando hostigar e intimidar, así como por las amenazas a las que se habrían enfrentado el defensor de los derechos humanos y su familia”, indica la nota de la Relatora.
En ese marco, la Relatora otorgó al Estado boliviano 60 días para que le provea información sobre las denuncias de Albarracín, las bases legales de los procesos en su contra, además de las acciones de investigación respecto a las amenazas que ha recibido el exdefensor y la quema de su domicilio.
Asimismo, la Relatora instó al Gobierno boliviano que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de Albarracín y su familia, además de investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas.
Además, instó a tomar las medidas efectivas para evitar que se repitan tales hechos, de haber ocurrido.
El abogado del exdefensor, Franco Albarracín, explicó que la nota fue difundida porque el Estado no respondió en el plazo determinado. Señaló, sin embargo, que no le sorprende la falta de respuesta porque es el mismo Estado que ejerce la persecución.
Advirtió que la falta de respuesta puede tener consecuencias, porque la carta será presentada ante el Consejo de Derechos Humanos y esa actitud del Estado puedo tomarse como una admisión de que en Bolivia hay persecución política.
Consideró que se trata de una «carta fuerte» y un antecedente para demostrar la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos debido a una justicia sometida.
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