Ahoradigital – En menos de diez días, el presidente Rodrigo Paz denunció en dos ocasiones que él y su familia enfrentan amenazas relacionadas con las acciones de su Gobierno contra organizaciones criminales, entre ellas el Primer Comando da Capital (PCC) y el entorno del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
La primera advertencia se produjo el 11 de octubre, en Cobija, departamento de Pando. En esa oportunidad, Paz afirmó que recibió alertas sobre un posible riesgo para su vida después de la captura de un presunto integrante importante del PCC. También mencionó operaciones contra miembros del Comando Vermelho, otra organización criminal brasileña.
El mandatario volvió a referirse al tema el lunes 19 de octubre, cuando aseguró que su familia corre peligro por las decisiones adoptadas contra Marset y otros criminales.
“Mi familia tiene el riesgo por haber tomado decisiones contra los Marset, contra los criminales de alta alcurnia”, manifestó durante un acto de promulgación de la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales.
Gobierno confirma que hay amenazas bajo investigación
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que existen amenazas contra la familia presidencial y aseguró que el caso está siendo investigado.
Sin embargo, evitó proporcionar detalles sobre las pesquisas y sostuvo que las autoridades comunicarán información cuando cuenten con evidencias que puedan ser presentadas.
Paz también advirtió sobre la vulnerabilidad de jueces y operadores de justicia, especialmente en zonas fronterizas, donde —según afirmó— las amenazas del crimen organizado pueden utilizarse para presionar decisiones judiciales.
El presidente sostuvo que el Estado debe garantizar condiciones de seguridad para que los administradores de justicia puedan actuar sin intimidaciones.
La seguridad presidencial, bajo atención
Las denuncias se producen en medio de operativos y acciones gubernamentales contra estructuras vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado transnacional.
Por el momento, las autoridades confirmaron que investigan las amenazas, pero no se han presentado públicamente detalles suficientes para establecer quiénes estarían detrás de ellas ni para confirmar la responsabilidad de una organización específica.
El caso vuelve a poner en debate la capacidad del Estado para proteger a las autoridades, sus familias y los operadores de justicia frente a las amenazas del crimen organizado.
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