Ahoradigital.- El presidente Rodrigo Paz destacó la aprobación en el Senado de una ley que devuelve al nivel central del Estado obligaciones económicas que durante años fueron financiadas por gobernaciones y municipios, entre ellas el pago de prediarios para privados de libertad y el bono de vacunación para trabajadores de salud, y aseguró que la medida representa una primera aplicación concreta de su propuesta denominada 50/50.
La norma fue aprobada por el Senado y remitida a la Cámara de Diputados para su tratamiento, por lo que todavía debe completar su trámite legislativo antes de entrar plenamente en vigencia.
El mandatario vinculó la decisión con el modelo de redistribución de competencias y recursos que planteó durante su campaña y que ahora pretende implementar gradualmente entre el Gobierno central y las entidades territoriales autónomas.
“Esto es 50/50 en acción, no es repartir plata”, afirmó Paz al referirse a la medida.
Según el Presidente, la propuesta no consiste únicamente en modificar porcentajes de distribución de los ingresos públicos, sino también en establecer con mayor claridad qué nivel del Estado debe financiar cada competencia.
Gobierno central asumirá los prediarios
Uno de los principales cambios está relacionado con los prediarios, recursos destinados a la alimentación de las personas privadas de libertad.
Aunque el sistema penitenciario constituye una competencia nacional, durante años parte de estos gastos fueron asumidos por las gobernaciones.
La ley aprobada en el Senado establece que esa obligación económica deberá retornar al nivel central.
Los Tiempos señala que la norma forma parte del acuerdo alcanzado para viabilizar el Presupuesto General del Estado Reformulado 2026 y contempla también otras cargas que hasta ahora recaían sobre los gobiernos departamentales.
También devuelve al Gobierno el bono de vacunación
Otro punto importante es el bono de vacunación para los trabajadores del sector salud.
Las gobernaciones venían financiando este beneficio pese a que las autoridades departamentales reclamaban desde hace años que se trataba de una obligación correspondiente al Gobierno nacional.
La nueva normativa plantea que el Tesoro General de la Nación vuelva a asumir ese gasto.
Además, la denominada ley corta incluye el financiamiento de la emisión gratuita de diplomas de bachiller, otra obligación que pasará al nivel central.
Paz: “De aquí en adelante” lo pagará el Gobierno
Al referirse específicamente a estas obligaciones, el mandatario anunció:
“De aquí en adelante”, el Gobierno asumirá estos pagos.
Paz presentó la decisión como un ejemplo práctico de la descentralización que pretende impulsar su administración.
La idea central del Ejecutivo es que las regiones dispongan de una mayor capacidad financiera, pero que al mismo tiempo exista una redistribución clara de responsabilidades entre los distintos niveles del Estado.
¿Qué significa realmente el 50/50?
La propuesta del 50/50 ha generado expectativa entre gobernadores y alcaldes porque plantea modificar progresivamente la actual relación fiscal entre el Gobierno central y las regiones.
El proyecto contempla que una mayor proporción de los recursos generados en el país permanezca en departamentos y municipios para financiar salud, educación, infraestructura y desarrollo productivo.
Sin embargo, el propio Gobierno ha comenzado a remarcar que el modelo no consiste simplemente en entregar la mitad de los recursos a las regiones.
La propuesta también implica redistribuir competencias.
Es decir: si una responsabilidad corresponde constitucionalmente al Gobierno nacional, debería ser financiada por el nivel central y no con recursos departamentales o municipales.
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Precisamente por ello Paz considera que devolver al Gobierno el pago de prediarios y el bono de vacunación constituye un primer paso hacia el nuevo modelo.
Tarija podría ahorrar más de Bs 13 millones
La medida tendrá un impacto directo en las finanzas de las gobernaciones.
En el caso de Tarija, la Gobernación calcula que podría liberar más de Bs 13 millones si deja de financiar obligaciones correspondientes al nivel central.
Los recursos que actualmente se utilizan para cubrir estas responsabilidades podrían quedar disponibles para otras necesidades departamentales una vez que la nueva ley entre en vigencia.
Este aspecto adquiere especial importancia para Tarija, cuya administración departamental ha atravesado durante años dificultades financieras relacionadas con la reducción de ingresos provenientes de la renta petrolera.
Una demanda que las regiones arrastraban desde hace años
La devolución de estas responsabilidades no constituye una discusión nueva.
Gobernaciones de diferentes departamentos habían reclamado durante años que debían destinar recursos propios a obligaciones que, según argumentaban, correspondían al Gobierno nacional.
Correo del Sur señala que estas cargas económicas se arrastraban desde 2006, principalmente mediante recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).
La nueva normativa busca modificar esa situación y forma parte de las negociaciones desarrolladas entre el Ejecutivo, el Legislativo y las nuevas autoridades departamentales.
El debate del 50/50 recién comienza
La decisión sobre prediarios y bono de vacunación representa, sin embargo, solamente una parte de una discusión mucho mayor.
Gobernadores de diferentes regiones han comenzado a plantear sus propias propuestas sobre cómo debería implementarse el 50/50.
En Santa Cruz, por ejemplo, la Gobernación respalda que el 50% de las recaudaciones permanezca en las regiones, con participación de gobernaciones, municipios, universidades y otras entidades autónomas.
En Oruro, el gobernador Edgar Sánchez planteó diferentes alternativas para alcanzar una nueva distribución fiscal y pidió construir consensos entre las regiones y el Gobierno nacional.
Por ello, la devolución de los prediarios y del bono de vacunación puede considerarse un primer movimiento dentro de una negociación mucho más profunda sobre el pacto fiscal y la distribución de competencias y recursos en Bolivia.
La discusión de fondo será determinar cuánto dinero administrará cada nivel del Estado y, fundamentalmente, qué obligaciones deberá financiar con esos recursos.
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