El exministro Carlos Sánchez Berzaín solicitó formalmente al Fiscal General del Estado en Sucre que se llevara a cabo una investigación íntegra y completa sobre la crisis política y social ocurrida entre septiembre y octubre de 2003, acontecimiento que derivó en la renuncia del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
La solicitud fue presentada mediante un memorial radicado por su abogada, Goldy Vargas S., tras la anulación dictada por una Sala Constitucional respecto al proceso anterior, calificada por la defensa como una «persecución judicializada». Dicho fallo reconoció violaciones al debido proceso, a la igualdad ante la ley ya la verdad material, argumentando que únicamente se juzgó a las exautoridades del Ejecutivo de ese entonces, sin investigar al resto de los actores sociales y políticos beneficiados por la amnistía concedida durante el mandato de Carlos Mesa.
En el documento, Sánchez Berzaín sostiene que la fragmentación del caso generó un esquema de impunidad que distorsionó la finalidad de la amnistía, concebida en su momento como una medida de pacificación. A su juicio, los sucesos que derivaron en la derrocación del gobierno constitucional de 2003 marcaron el inicio de la suplantación de la República y de la actual crisis económica, política y social que atraviesa el país.
El exministro fundamenta su petición legal en el derecho a la igualdad ante la ley, el debido proceso y preceptos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
Sánchez Berzaín exige que se deje sin efecto la imputación y acusación parcial y se efectivice la investigación a los líderes sociales y políticos señalados en la proposición acusatoria original por presuntos delitos vinculados a alzamiento armado, incendios, estragos y atentados contra servicios públicos (relacionados con los denominados planos Pulga, Tarajchi, Siquititi y Quiska). Entre ellos figuran Evo Morales Ayma, Felipe Quispe, Alejo Véliz, Jaime Solares, Roberto de la Cruz, Oscar Olivera, David Vargas y Faustino Ugarte.
Asimismo, solicitó formalmente la ampliación de las investigaciones para incluir a diversas figuras públicas y exautoridades de las últimas décadas, entre las que se destacan exmandatarios y autoridades del MAS: Carlos Mesa Gisbert, Álvaro García Linera, David Choquehuanca, Luis Arce Catacora, Sacha Llorenti, Juan Ramón Quintana, Diego Pary, Hugo Moldiz y Rogelio Maita.
También figuran otros actores políticos y jurídicos como Abel Mamani, Carlos Alarcón, Milton Mendoza, Pedro Gareca y Mario Uribe.
Con esta solicitud, la defensa del exministro busca que la Fiscalía reconstruya de manera objetiva el contexto fáctico global de 2003, estableciendo las responsabilidades individuales de todos los intervinientes en aquellos acontecimientos.
Correo del Sur
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