Al promediar las 21.02 del viernes, el presidente Luis Arce, tuiteó sobre su encuentro con Alan Mena Cañaviri, un adolescente creativo de videojuegos, mientras Santa Cruz vivía en ese momento, una de las jornadas más violentas de los últimos meses, esta vez, por la represión policial ante la protesta ciudadana, por la detención preventiva de su gobernador, Luis Fernando Camacho, en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
“Recibimos la grata visita de nuestro amigo Alan, a quien conocimos cuando de niño creó dos videojuegos. Ya adolescente, nos alegra ver que sigue siendo un ejemplo de disciplina y superación. Bolivia necesita profesionales con compromiso social, que desarrollen ciencia con conciencia”, escribió el Jefe de Estado en su cuenta oficial, texto que acompañó un video producido.
Sin embargo, el Primer Mandatario no mencionó la jornada violenta que sufrió Santa Cruz tras varias horas de represión policial, donde se registró la quema de tres vehículos, así como motocicletas, que según videos compartidos por los ciudadanos de las zonas afectadas, fueron auto-atentados de la propia Policía que se encargó de quemar motorizados y robar motos, para incriminar a los jóvenes movilizados por el Cristo Redentor.
De manera preliminar, también se conoció de al menos 30 arrestados en los disturbios, donde la Policía trasladó horas previas toneladas de gases lacrimógenos y equipos antimotines.
Según el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo: “La Policía continuará realizando su labor constitucional de proteger a la ciudadanía y se dará con los autores intelectuales de estas acciones; todo hecho delictivo será investigado y juzgado con el rigor de la ley”.
Sin embargo, la percepción de la ciudadanía es que los uniformados, lejos de generar seguridad, han provocado una escalada de violencia en la capital cruceña.
El gobernador, Luis Fernando Camacho, uno de los principales opositores al Gobierno del MAS, fue enviado al penal de máxima seguridad por orden del Octavo de Instrucción en lo Penal, Sergio Pacheco, quien de acuerdo a fotos que circulan por redes sociales, es allegado al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. El caso se suma a varias evidencias sobre la falta de independencia del sistema judicial en Bolivia.
El fiscal del caso, Omar Mejillones, encargado de la imputación contra Camacho, dijo que el Gobernador fue autor del delito de “terrorismo”, debido a que coordinó el denominado “golpe de Estado” de 2019 con militares y policías, por medio de su padre, José Luis Camacho, otro de los procesados en este caso.
Mientras el Gobierno insiste en que hubo un “golpe de Estado” el 2019, desde la oposición se recuerda que la convulsión social y política que derivó en la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera (2019) y la sucesión del mandato a Jeanine Áñez, se dio tras la confirmación del fraude electoral por la Organización de Estados Americanos (OEA), tras una rigurosa auditoría técnica y legal a todas las etapas del proceso electoral.
Tomado de Brújula Digital
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