Ahoradigital – La detención del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, abrió además una disputa institucional sobre quién debe asumir la conducción del Ministerio Público y puso nuevamente bajo la lupa el sistema de designación de fiscales departamentales y superiores.
El debate surgió luego de que el fiscal superior Luis Montaño se presentara como Fiscal General, una decisión que posteriormente fue desconocida por el Gobierno. El problema está en que la Ley Orgánica del Ministerio Público establece un procedimiento específico para la suplencia de la máxima autoridad de la Fiscalía.
El artículo 25 de esa norma señala que, ante determinadas situaciones como destitución, suspensión definitiva, renuncia, ausencia o impedimento definitivo, la suplencia corresponde a un fiscal departamental o superior de acuerdo con un orden de prelación basado en la antigüedad. Además, la documentación debe ser remitida a la Asamblea Legislativa para que se tramite la suplencia correspondiente.
Sin embargo, hasta la publicación de la información no se conocía oficialmente que Mariaca hubiera renunciado, sido destituido, suspendido definitivamente o que existiera alguna de las otras causales previstas por la norma.
El escenario generó cuestionamientos entre abogados. El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Arturo Yáñez, y el presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Ariel Coronado, coincidieron en advertir sobre la falta de institucionalidad dentro del Ministerio Público.
Coronado cuestionó que durante más de una década los fiscales departamentales no hayan sido seleccionados mediante convocatorias públicas, mientras que Yáñez calificó la situación como un nivel «obsceno» de desinstitucionalización del Ministerio Público.
El caso de Mariaca, por tanto, no solo abrió una investigación por las denuncias que pesan en su contra. También expuso un problema institucional que ahora obliga a definir, conforme a la ley, quién puede tomar las riendas de una Fiscalía que enfrenta uno de sus momentos más delicados.
La sucesión de Mariaca queda así como otro frente abierto en medio de la crisis que sacude al Ministerio Público.
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