Ahoradigital. La defensa del consultor argentino Fernando Cerimedo cuestionó la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y afirmó que, hasta el momento, la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para sustentar la acusación.
El abogado Ramiro Vega sostuvo que los elementos utilizados para involucrar a su defendido serían principalmente un enlace de TikTok y actas, y cuestionó que esos documentos puedan demostrar el origen ilícito del dinero encontrado durante los allanamientos.
Según el jurista, en los operativos realizados por la Fiscalía se encontraron Bs 520.000 y $us 300.000, además de tres recibos. Sin embargo, aseguró que la defensa presentó documentación tributaria de Cerimedo correspondiente a Argentina y Estados Unidos, donde tiene empresas, además de un precontrato con la CAF.
Vega también cuestionó el enfoque de la declaración de Cerimedo ante la Fiscalía. Afirmó que los investigadores concentraron sus preguntas en la relación del consultor con el presidente Rodrigo Paz, en lugar de establecer el origen del dinero que fue encontrado en los allanamientos.
“¿De dónde sacó el dinero?”, planteó el abogado, al considerar que esa debería ser una de las preguntas centrales para sustentar una investigación por enriquecimiento ilícito.
La defensa sostiene que Cerimedo incluso tuvo la posibilidad de presentar sus declaraciones fiscales para explicar la procedencia de sus recursos y demostrar que el dinero encontrado no tendría origen ilegal.
Vega afirmó además que recomendó a Cerimedo no responder determinadas preguntas relacionadas con el Presidente, al considerar que la Fiscalía buscaba obtener una eventual autoincriminación sobre su relación con Paz. Según el abogado, el Ministerio Público “no tenía una sola prueba” que vinculara a ambos en el marco del caso investigado.
La defensa intenta instalar así una pregunta central sobre el proceso: ¿qué prueba concreta tiene la Fiscalía para demostrar que el patrimonio de Cerimedo proviene de una actividad ilícita? La existencia de dinero en efectivo puede justificar una investigación, pero será la Fiscalía la que deberá establecer su origen y demostrar, con elementos verificables, la relación entre esos recursos y el delito de enriquecimiento ilícito.
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