Ahoradigital – El abogado constitucionalista William Herrera identificó cuatro aspectos que, a su criterio, hacen particular el operativo que terminó con la aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y de otras autoridades y funcionarios del Ministerio Público.
El primer elemento señalado por Herrera es el carácter inédito de la detención de un fiscal general del Estado. El jurista sostuvo que no recuerda un antecedente similar en la historia republicana de Bolivia y explicó que, por las circunstancias que rodean el caso, corresponde analizar jurídicamente la legalidad de la aprehensión.
El segundo punto está relacionado con el dinero encontrado durante los operativos. Según los reportes oficiales, la Policía interceptó una ambulancia que había salido del domicilio de Mariaca y encontró en su interior Bs 3.532.100 y $us 10.000. También se reportó el hallazgo de dinero en otros inmuebles vinculados a la investigación. El origen y destino de esos recursos deberán ser establecidos dentro del proceso.
La tercera particularidad, según Herrera, tiene que ver con que el operativo se desarrolló con participación directa de la Policía y que algunos de los elementos posteriormente encontrados fueron descubiertos después de las aprehensiones. El Gobierno sostiene que los operativos forman parte de una investigación por presunta organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas.
El cuarto aspecto apunta a la suplencia del Fiscal General. Herrera cuestionó que Luis Montaño haya asumido como fiscal general interino y sostuvo que, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la suplencia corresponde al fiscal departamental de Chuquisaca. En este caso, señaló al fiscal Alexander Mendoza como quien debería asumir esa función, aunque se encuentra fuera del país, según las versiones citadas por EL DEBER.
La discusión sobre la sucesión se suma así al conflicto institucional abierto tras la aprehensión de Mariaca, mientras las defensas de los fiscales cuestionan la legalidad de las detenciones y buscan que las autoridades sean sometidas al control de una instancia jurisdiccional.
El caso continúa bajo investigación y serán las autoridades competentes las que deberán determinar la responsabilidad individual de los investigados y la situación jurídica de cada uno.
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