Militares armados con AK-47 y 9 mm, que “no disparan balines”, actuaron en Senkata y Sacaba. Defensa afirmó que de las FFAA “no salió un solo proyectil” y el IDIF descartó el uso de balas de alto calibre. La APDHB exige un peritaje internacional.
Samuel Montaño, experto en armamento y seguridad, revisó las imágenes del día de los sucesos violentos en Cochabamba y El Alto, examinó los videos y luego se trasladó a Senkata día después del 19 de noviembre, donde un enfrentamiento entre bloqueadores que cercaban la planta de Senkata y policías y militares terminó con la vida de al menos ocho personas en un primer momento. Con esa información afirma que los militares sí utilizaron sus armas letales.
“Hemos revisado tanto lo de Cochabamba como lo de Senkata. Sí disparó el Ejército y hemos demostrado que usaron armas de fuego calibre militar”, dice.
Para apoyar su versión cita fotografías que fueron publicadas en la prensa, en las que —en su criterio— se ve entre otros a dos uniformados. “Hay uno de espaldas y otro de uniforme de color caqui, uno de ellos lleva un fusil FAL (Fusil Automático Liviano) y el fusil FAL no dispara balines; dispara proyectiles (calibre) 7,62”.
David Inca, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), informa que el 24 de noviembre los familiares de al menos 60 heridos y 11 fallecidos en Senkata, de acuerdo con el reporte de la APDHB, informaron a la CIDH (Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estuvo en la zona) que hubo uso por armas de fuego.
“Los mismos familiares han presentado los casquillos de guerra 7,62 de arma larga y otros casquillos de menor calibre”, dice.
Montaño menciona que en otras fotografías se ve a un soldado “de rodillas disparando o apuntando con un fusil AK-47, un Kalashnikov ruso de calibre militar, y cerca de él hay otro cargando una AK-47 china”.
También se usaron presuntamente “subfusiles 9mm (milímetros)”, M-16 y fusiles Galil. Explica que con las primeras armas, los militares desfilaron el 7 de agosto durante la Parada Militar en El Alto. “Son subfusiles 9mm Escorpio, un nuevo armamento de alta velocidad”, explica Montaño.
Senkata. Un uniformado con un fusil M-16 en El Alto. Foto: APG
Tras la salida de 50 cisternas de la planta de Senkata, el ministro de Defensa, Fernando López, aseguró que se lamentaron 25 heridos y “tres fallecimientos que hasta el momento es el parte y la autopsia”. Pero “sí me encantaría aclarar que del Ejército no salió un solo proyectil”, dijo la noche del 19 de noviembre.
La Razón intentó contactarse con López, pero en el Ministerio de Defensa dijeron que nos remitamos a la declaración del 19.
La versión fue ratificada por el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Éste había indicado el 18 de noviembre, tras los nueve fallecidos de Sacaba, Cochabamba, del 15 de noviembre, en enfrentamientos entre cocaleros y fuerzas policiales y militares, lo siguiente: “Muchos de los dos o tres que tenemos confirmados (muertos) tienen tiro en la nuca, en la cabeza. ¿Cómo han podido recibir un tiro en la nuca? O sea, el compañero de atrás es el que está disparando… Lo que dice, el… ‘hagámonos daño’ y ‘echémosle la culpa a ellos’. Aquí hay una mente macabra que sabe qué hace”.
Ese 19, mientras heridos llegaban a los hospitales de El Alto, las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado en el que informaron que se ejecutó una operación militar-policial para preservar un servicio público esencial estratégico. Aseguraron que el “operativo sorpresa” —calificado así por el ministro de Hidrocarburos, Víctor Zamora— se hizo en forma pacífica y que tras la salida de cisternas de la planta de Senkata, “agitadores y vándalos enardecidos destruyeron parte de las instalaciones, muro perimetral, portones de ingreso utilizando explosivos de alto poder, ocasionando daños que pueden generar un peligro mayor para parte de la población en caso de una explosión en cadena”.
En El Alto, los movilizados exigían entre sus demandas la abrogación del Decreto Supremo 4078, vigente desde el 14 de noviembre, que eximía a los militares de responsabilidad penal, algo que sucedió el jueves 28 de noviembre, cuando la presidenta Jeanine Áñez cumplió con la petición.
El 20 de noviembre, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) informó en La Paz que cuatro de los muertos en El Alto fueron por heridas de bala calibre 22 y 9 milímetros. Descartó munición militar.
Dos días antes, otro informe pericial señaló que los nueve cocaleros muertos en Sacaba, el 15, tienen disparos de “armas largas”, según el fiscal general, Juan Lanchipa. No se conoce aún el calibre de las armas, reportó La Razón Digital.
“No es calibre que use la Policía, es bajo calibre: 22 y 25; ¿quiénes usan eso? Estamos investigando”, dijo Murillo el lunes 18.
Cochabamba. Militares en Sacaba con fusiles FAL. Foto: APG
Ante ello, Inca duda del informe del IDIF. “Lo que hemos pedido ante la CIDH, la Dirección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (NNUU) y Mercosur, que vino con su Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos, es que se haga un peritaje internacional sobre los informes del IDIF, porque dudamos de la ideoneidad del IDIF”, puntualizó.
En Cochabamba, Paulo Abrão, que encabezó la CIDH, señaló a la agencia Reuters que Bolivia puede necesitar ayuda externa para investigar un número “masivo” de violaciones de derechos humanos durante la crisis de noviembre.
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Recomendó coordinar con un panel internacional de expertos similar al que investiga la desaparición de 43 estudiantes en México. “Normalmente en estas situaciones… las instituciones nacionales no están preparadas para resolver una agrupación tan masiva de violaciones” de derechos humanos, dijo el funcionario según la traducción de su declaración.
La Razón
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