Hasta la fecha serían ocho las personas detenidas por revender entradas para la nueva serie de “Spider-Man: No Way Home”, sin embargo con el pasar de las horas crecen las denuncias.
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, informó que hasta la fecha existen 15 denuncias por reventa con sobre precio para esta nueva película.
“Por teléfono recibimos 15 denuncias formalmente, entiendo que están formalizando durante el día con el llenado de formularios”, manifestó Silva.
Por su parte el presidente del colegio de Abogados, Edson Foronda, afirmó que la actividad que realizan los revendedores de entradas constituye un delito, el cual está penado por Ley.
“La actividad que realizan los vendedores constituye un delito, porque definitivamente esto se encuentra sancionado por la normativa penal”; aseveró Foronda.
Consultado sobre si el trato será igualitario con aquellas personas que revenden entradas de partidos de futbol, conciertos u otros eventos, quienes realizan la misma actividad pero que hasta la fecha no son detenidos, el viceministro Silva señaló que efectivamente todos quienes revendan entradas de cualquier tipo serán procesadas.
“Está prohibida la reventa de entradas, hubo varios operativos que ha realizado la policía, se ha capturado a estas personas, pero es una práctica que la vienen realizando, no es una actividad permitida, está prohibida, por lo tanto aquellas personas que se dedican a esta actividad están poniendo en riesgo su libertad, porque están cometiendo reitero agio”, detalló Silva.
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En tanto el presidente del colegio de abogados cuestionó que no se sancione a todos los vendedores de entradas, no solo de la nueva película de Spider-Man.
“Lo que extraña es que en esta reventa de esta película de Spider-Man, que ha habido evidentemente se interviene y se detiene a quienes están cometiendo un delito, pero vemos cotidianamente en la puerta del estadium, en la puerta de universidades, y en otros lugares que los revendedores están vendiendo entradas y nadie dice nada, entonces debería medirse con la misma regla a todos”, agregó Foronda.
De acuerdo al código penal boliviano el delito de agio se da cuando una persona alza o baja el precio de las mercancías, salarios o valores negociables, y tiene una privación de libertad de seis meses a tres años de cárcel.
Red Uno
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