El presidente ejecutivo de la Aduana Nacional, Alberto Samuel Soto, informó, en Que No Me Pierda, que tras asumir el cargo hace dos meses, ha instruido una fiscalización total a los procesos de contratación de la gestión de la exautoridad Karina Serrudo. El daño económico estimado, solo en el caso de Tarija, asciende a 10 millones de bolivianos, involucrando sobreprecios y adjudicaciones irregulares.
Freno a pagos
Soto fue contundente al señalar que ha decidido detener cualquier desembolso económico para proyectos de infraestructura hasta que concluyan las auditorías. Según la autoridad, se detectó un «mal hábito» de realizar pagos anticipados sin que existiera un avance real de obra.
«Desde el momento en que yo asumo la presidencia no se autoriza un pago más. He parado todos los pagos a todos los procesos de construcción (…) porque hay bastantes anomalías; no cumplen con los requisitos bajo los cuales se hicieron las licitaciones», afirmó Soto.
En el caso específico de Tarija, el daño se divide en dos áreas: 1.420.000 bolivianos por la compra de un terreno donde se descartó la oferta más económica, y aproximadamente 9 millones por irregularidades en la construcción. Asimismo, mencionó el caso de Villazón, donde se realizaron desembolsos millonarios pese a que la obra «no ha avanzado ni el 10%».
Sustracción de oro
Otro de los puntos de su declaración se refiere a la investigación por la sustracción de prenda aduanera (oro), un caso que data de 2024. Soto denunció que, aunque el juzgado aceptó su apersonamiento como nueva autoridad, el fiscal de materia asignado está obstaculizando el proceso.
«Tengo problemas con el fiscal de materia que no me acepta el apersonamiento (…) El castigo que les estaban queriendo dar era por incumplimiento de deberes, muy suave, y con los nuevos elementos de prueba que estamos aportando, tienen que ser de sanción más dura», sentenció el presidente de la Aduana.
Fuente: Red Uno
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