El Centro de Educación Alternativa (CEA) Mariscal Antonio José de Sucre B -que está dentro del penal de San Pedro- otorgó certificados de estudio a los privados de libertad de una carrera que no está autorizada.
Se trata de Procuraduría Legal de Derecho, carrera sin autorización para funcionar. Con estos certificados de estudios, los reos pueden acceder a una reducción de sentencia.
Los documentos para que se “autorice” el funcionamiento de la carrera de Procuraduría Legal de Derecho del CEA Mariscal Antonio José de Sucre B “no llegaron” a la oficina del director distrital de Educación La Paz, Rubén Huanca. “Yo no he firmado absolutamente nada”, dijo.
Pese a que esa carrera no está autorizada, hay una primera promoción y los certificados de 18 participantes fueron firmados por el titular de la Dirección Departamental de Educación (DDE), Carmelo López.
Huanca explicó a Página Siete que para que se autorice la implementación de una carrera en cualquier CEA debe pasar por un proceso. “Cuando cualquier Centro de Educación Alternativa quiera brindar una (carrera) de especialidad ya sea por necesidad o porque ve que la población exige esa especialidad, la autoridad de la unidad educativa, es decir el director, tiene que hacer cierto procedimiento y una vez que sea aprobada y cuente con una resolución recién se puede ofertar de forma oficial y legal la carrera, antes no”, dijo.
¿Cuál es el procedimiento? Según Huanca, el director del CEA debe presentar algunos requisitos a todas las instancias superiores correspondientes, es decir a las direcciones distrital y departamental y al Ministerio de Educación. “Una vez que se haya aprobado en todas las instancias, el ministerio -junto con la Dirección Departamental- da la Resolución Administrativa para que funcione la carrera”, dijo.
Huanca aclaró que para obtener la autorización, primero se presentan todos los requisitos a su despacho con una solicitud de la implementación de la carrera. “Nosotros damos el visto bueno y procede el siguiente paso: recorrer por todas las oficinas de las autoridades antes mencionadas. Una vez que se obtenga el documento, recién se hace la oferta académica”, dijo.
Para abrir la carrera de Procuraduría Legal del CEA, los documentos de solicitud “no llegaron a su despacho”, aclaró.
El director distrital recalcó que “ahora, la autorización (de la carrera) está en debate. Si cumple o no los requisitos (…) Estamos tratando de saber qué ha pasado con esta irregularidad que se ha cometido”, dijo Huanca y aseguró que el CEA cuenta con resolución administrativa abierta; por lo tanto, sí puede crear carreras, pero bajo los parámetros antes mencionados.
En diciembre de 2021 se reveló esta irregularidad a Huanca como parte de una denuncia presentada por un miembro de la comunidad del CEA. En la queja se indica que dicha carrera funciona dentro del penal.
Desde el miércoles, Página Siete publicó una serie de notas sobre el CEA, entidad que dio en 2021 de forma irregular los certificados de estudio a al menos 18 participantes de esta carrera.
La denuncia sobre el funcionamiento de esta carrera sin resolución administrativa fue presentada ante el director distrital.
Huanca explicó que ante esa denuncia, la Distrital realizó las investigaciones correspondientes y al hallar “algunas irregularidades” se inició un proceso administrativo en contra del director del CEA, Hugo M.
“Dentro de este proceso que se realiza al director, estamos viendo algunas situaciones que no corresponden”, dijo Huanca.
La denuncia también indica que la carrera no contaba con docente; sin embargo, sí con estudiantes inscritos. Agrega que en diciembre de 2021 hubo 18 graduados y los documentos fueron firmados por el director de la DDE.
Huanca explicó que “aún están investigando si hubo o no el docente y cómo se hizo llegar al director de la DDE los certificados de esa carrera”.
- Petición El Ministerio de Educación abrió una investigación sobre tráfico de certificados de estudios que se otorgan en el Centro de Educación para Adultos (CEA) del penal de San Pedro, en La Paz, para beneficiar a los privados de libertad con la reducción de sus condenas. “Hay que investigar eso. Primeramente solicitamos información de la Dirección Departamental de Educación (DDE), instancia que habría entregado esos certificados. Ya luego veremos”, dijo el ministro de Educación, Édgar Pary.
- Situación El Ministerio Público rechazó la denuncia contra tres directores de Educación por el caso de tráfico de certificados de estudio para reducir las condenas de reos.
Página Siete
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