El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua confirmó que al menos 20 personas se encuentran bajo investigación por presuntas irregularidades, corrupción y daño económico al Estado detectados en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
Los casos ya derivaron en procesos judiciales, imputaciones formales y detenciones preventivas, informó este lunes el titular de esa cartera, Óscar Justiniano. Franklin Flores, exgerente de la empresa estatal, es el principal acusado, junto con dirigentes de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol).
“Estamos hablando de una veintena de personas, entre exfuncionarios, exautoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo, así como también exdirigentes de Conapabol y familiares, aparte del señor Flores”, informó Sergio Siles, actual titular de Emapa.
La autoridad precisó que los hechos identificados fueron respaldados con auditorías, informes técnicos y resoluciones administrativas. Según explicó, las investigaciones abarcan múltiples proyectos y programas ejecutados en anteriores gestiones, donde se evidenciaron presuntos desvíos de recursos y decisiones administrativas irregulares.
Entre los principales procesos se encuentran los vinculados a la planta de transformación y acopio de papa, la compra y comercialización de harina subvencionada y la planta piscícola del lago Titicaca. En varios de estos casos, el exgerente Flores aparece como principal investigado y actualmente cumple detención preventiva, junto a otros exfuncionarios y dirigentes.
Siles precisó que las investigaciones no se limitan a un solo hecho, sino que revelan un presunto esquema más amplio que incluye contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y nombramientos ilegales en cargos técnicos estratégicos.
De acuerdo con la autoridad, en la gestión de Flores se realizaron contratos irregulares que afectaron el funcionamiento de Emapa, debido a que el personal no estaba capacitado.
El ministro Justiniano aseguró que todos los casos detectados serán remitidos al Ministerio Público para que se determinen las imputaciones correspondientes y se cuantifique el daño económico ocasionado. “Son muchos millones de bolivianos los que presuntamente fueron desviados. Será la justicia, en el marco de la independencia de poderes, la que establezca responsabilidades”, sostuvo.
Fuente: La Razón
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