Siete de cada diez reclusos tienen detención preventiva. Este dato refleja la crisis judicial que vive Bolivia y que muestra que no hay salidas concretas para lograr una reforma en la justicia.
Existen diferentes sugerencias para evitar la detención preventiva, una de ellas la instalación de tobilleras eléctricas que vigilen los pasos de personas que todavía tienen procesos. Sin embargo, esta medida implica una buena inversión.
En Bolivia existen 98 establecimientos carcelarios con una población próxima de 25.000 presos. De esa cifra, de 16.000 reclusos están con detención preventiva. Esto obliga al hacinamiento carcelario en todos los panópticos del país.
“Yo no sé qué está pasando en los ámbitos del Órgano Judicial o es que se está incrementando (porque) a todo le dan detención preventiva. No hay una valoración fáctica, jurídica y lógica para emitir una resolución o es que Bolivia ha cambiado tanto y todos son delincuentes, peligrosos y todos van a las cárceles. Habrá que hacer una reflexión”, afirmó el director nacional de Seguridad Penitenciaria, coronel Hernán Romero.
El funcionario policial recalcó que en los últimos tres años se incrementó de manera “alarmante” la población carcelaria en el país, mientras las condiciones de las prisiones siguen siendo las mismas. “Entre 2020 y 2023 no se inauguró ningún recinto penitenciario en el país, no se ampliaron las condiciones”, remarcó.
Dato alarmante
El caso de San Pedro, en La Paz, es otra vez el más crítico. En ese penal existe el dato más alarmante del insostenible hacinamiento: más de 3.300 reclusos están instalados en un manzano de 10.000 metros cuadrados de superficie.
“Ahí no se pueden desarrollar actividades deportivas, económicas productivas y sociales. Es un recinto paupérrimo, arcaico, construido en 1860 en la época de (Mariano) Melgarejo (que gobernó el país entre 1864 y 1871) cuando estaba en condiciones de acoger a unos 500 reos”, reclamó el coronel Romero.
La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (Oacnudh), en su momento, dijo que en el caso “golpe II”, por el que Jeanine Áñez ya tiene sentencia de diez años, se observó una acumulación de detenciones preventivas por los mismos hechos con diferentes delitos.
Esta acción se replicó con el dirigente cívico potosino Marco Pumari, con detención preventiva desde diciembre de 2021.
El abogado Juan Del Granado lamentó que el sistema judicial persista con la figura de detención preventiva en varios casos en los que se demuestra que no hay riesgo de fuga y existe un domicilio y trabajo certificado. El jurista añadió que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pidió a la Justicia que se acabe con el “abuso” de detenciones preventivas.
Una de las medidas para evitar las detenciones preventivas es el uso de tobilleras electrónicas. En julio de 2022 se presentaron estos artefactos, pero a la fecha no son aplicados. Se dijo que se iban a utilizar 500 tobilleras para reclusos y agresores de mujeres.
AMNISTÍA HUMANITARIA
Con el objetivo de reducir la población carcelaria por la crisis sanitaria de Covid 19, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el 4 de mayo de 2020 el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y de Emergencia Nacional. Esa medida se aplicó en la gestión de Jeanine Áñez.
SEGURIDAD EXTERNA
El exdirector de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos afirmó que la Policía hace muchos años dejó de hacer vigilancia interna en las cárceles y solo prioriza la seguridad externa.
El Deber
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