Una niña de 12 años, natural de Garibaldi (a unos 120 km de Santa Fe), tenía una cita médica en el hospital el último 2 de enero para llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La menor de edad, quien había sido violada en reiteradas oportunidades por su padre —quien fue detenido luego de darse a la fuga—, no llegó al centro de salud, por lo que el gobierno provincial comenzó una intensa búsqueda. “No lo quiero tener”, había dicho ella a los especialistas cuando le informaron de su gestación.
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe informó que la niña había sido retenida por la ONG católica y provida Grávida, en la sede Casa Hermanas de Betania, por 24 horas, para evitar que aborte a pesar de que en Argentina es legal hace dos años.
La ONG estuvo envuelta en un caso similar en 2016
La entidad dispuso una “medida de protección excepcional” para resguardar a la menor y “garantizar sus derechos y escuchar su voz como sujeto de derechos, al igual que todas las niñas, niños y adolescentes”.
“La niña y su madre, luego de haber sido abordadas por equipos interdisciplinarios de niñez y salud, fueron derivadas inmediatamente al hospital Iturraspe ante el pedido y consentimiento explícito de acceder a una interrupción legal del embarazo”, manifestó Florencia Marinaro, ministra de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe.
Tras lo ocurrido, la Campaña Nacional del Aborto en Santa Fe tildó a Grávida como una organización fundamentalista y solicitó que se investigue su accionar debido a que “quiso obturar el derecho de la niña a la interrupción del embarazo”.
La ONG en 2016 había sido denunciada por otro caso similar, pero, en ese momento, la legislación argentina lo permitía solo en casos de violación y riesgo para la salud de la mujer.
Una psicóloga de la organización, identificada como María Belén Catalano, se hizo pasar como miembro de la Secretaría de Niñez de la provincia para ganarse la confianza de la menor que quería abortar.
La República
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