El ministro de Gobierno, Carlos Romero aseguró hoy que la designación de la titular regional de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Patricia Salazar, está enmarcada en lo legal, porque a pesar de tener un proceso en su contra no cuenta con sentencia ejecutoriada.
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«Hay un proceso para poder acceder a una función pública, no tiene que tener sentencia ejecutoriada y en este caso no tiene, en todo caso el director nacional de Dircabi será la instancia que tomará una decisión al respecto», dijo a los periodistas.
De acuerdo a una denuncia, Salazar fue acusada por un supuesto delito de estafa agravada, con víctimas múltiples. Por este caso estuvo recluída en el penal de Palmasola entre el 2016 y 2017.
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Romero aseguró que se trata de un tema «particular».
Salazar, por su parte, alegó inocencia y señaló que fue involucrada en ese caso pese a que ella misma denunció el hecho, que afecta a estudiantes de un centro técnico de salud de Portachuelo, en 2016, señala ABI.
El caso se lleva en el Tribunal Décimo Primero de Sentencia de Santa Cruz. La designación fue cuestionada por legisladores de oposición y el presidente Jorge «Tuto» Quiroga.
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