El caso de Elvia Cortés es uno de los más recordados en Colombia, por la conmoción que provocó su muerte a millones de ciudadanos, a causa de un artefacto explosivo que extorsionadores habían colocado en su cuello para pedirle dinero a cambio de dejarla vivir.
El crimen del ‘collar bomba’ fue ejecutado entre los municipios de Simijaca y Chiquinquirá, donde residía doña Elvia Cortés, una boyacense de 53 años. Cuando la mujer se encontraba en el interior de su vivienda, cuatro hombres ingresaron, la amordazaron y le colocaron un artefacto explosivo alrededor de su cuello. Desde ese momento, le dieron 24 horas para que ella les entregue la suma de 15 millones de pesos, lo que equivale a 3.315 dólares.
Elvia era duela de una finca en el norte de Colombia y los extorsionadores habían meditado la forma de obtener dinero sin que los familiares tengan opción a negarse, ya que la vida de la ciudadana estaba en alto riesgo.
Luego de colocar el explosivo, dejaron libre a la víctima para que acuda a sus familiares o a las autoridades y paguen la extorsión. Llegó a una estación de la Policía de la calle Palestina, en el municipio de Chiquinquirá, en el departamento de Boyacá.
Inmediatamente, los agentes del orden empezaron a trabajar en salvar la vida de Elvia. El intendente de la Policía Jairo Hernando López, de 28 años, se encargaría de la situación.
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Al llegar al lugar de los hechos, el agente especialista en la desactivación de bombas empezó su labor con una revisión minuciosa del artefacto en el cuello de doña Elvia. Después del primer análisis, Jairo López se sintió confiado y decidió proseguir con la desconexión del collar bomba.
Otros peritos para la desactivación del explosivo estaban viajando desde Bogotá. En ese momento, Elvia le preguntó al joven policía si la dejaría morir. Él respondió: “Tranquila, mi señora, que de esta salimos juntos”.
Sin embargo, alrededor de las 12.30 p. m., ambos perdieron la vida a causa de la detonación. Ella murió automáticamente, mientras que el agente quedó con heridas bastante graves, por lo que pereció en el camino hacia el hospital central de Bogotá.
A inicios de los años 2000, el panorama nacional colombiano estaba inundado en intentos por finalizar el conflicto armado. Por ello, la hipótesis inicial de las autoridades apuntó a que un grupo guerrillero perteneciente a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) había sido responsable del atentado, esta también fue la versión que se brindó a los medios de comunicación.
Los indicios se fundamentaban en la zona esmeraldera en la que ocurrió la extorsión y posterior asesinato, además de los materiales que se usaron para la fabricación del explosivo que se le colocó a doña Elvia. Esta situación produjo una suspensión temporal de los diálogos de paz. Tiempo más tarde, se comprobó que el hecho provino desde la delincuencia común y no desde el grupo guerrillero.
La República
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