El Tribunal Noveno de Sentencia absolvió de toda culpa al exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, por el proceso que se le seguía por la adquisición de 40 camionetas con recursos que no estaban destinados para ese fin. Sin embargo, la Fiscalía apeló esta decisión y espera que se condene a la exautoridad
Luis Fernando Roca, abogado de Costas, aseguró que todos los miembros del Tribunal absolvieron por unanimidad a su cliente y a las otras cuatro personas que estaban procesadas en este caso, debido a que no hubo pruebas que los inculpen.
“Todos los miembros del tribunal, por unanimidad, los han absuelto debido a que la Fiscalía no pudo sustentar sus acusaciones, y con esto vemos que este era uno más de los procesos que tenía el exgobernador por haber sido la principal pieza de oposición durante el gobierno de Evo Morales”, comentó.
Por su parte, la fiscal Mirtha Mejía, dijo que se apeló a la decisión de los vocales, debido a que existen pruebas en contra de los cinco acusados que están involucrados en la supuesta adquisición irregular de 40 camionetas con recursos de la entonces Prefectura cruceña, que era dirigida por Costas.
El caso
La Fiscalía acusa al exgobernador de haber ordenado la compra de 40 camionetas doble cabina con un costo superior a los 6 millones de bolivianos con un presupuesto que en realidad estaba destinado a la adquisición de 2 camionetas, una vagoneta y 20 motocicletas para tareas de seguridad ciudadana y otras emergencias,
Esta adquisición había sido aprobada en el Plan Operativo Anual para 2007, pero fue descartada por orden del entonces prefecto del departamento.
Por este caso, Rubén Costas y varios de sus colaboradores, entre ellos los secretarios Roly Aguilera y José Luis Parada, fueron imputados por la comisión de los supuestos delitos de malversación, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica
En la investigación, según el Ministerio Público, también se pudo establecer que no se podían ejecutar esos recursos porque no estaban contemplados en su presupuesto y en su POA, vulnerando el uso correcto de los recursos estatales.
Según señala la Fiscalía, después la Gobernación trató de justificar esa compra en el decreto supremo Nº 29013 de 18 de enero de 2007, que declaraba emergencia nacional por los desastres naturales ocasionados por los fenómenos del Niño.
Las 40 camionetas fueron transferidas a unidades organizacionales de la entonces Prefectura «que no tienen ninguna relación con seguridad ciudadana ni con atención de desastres», señala una nota de la Fiscalía. Sin embargo, la justicia no detectó irregularidades.
El Deber
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