(ANF).- La Defensoría del Pueblo denunció la permisividad del Estado ante la presencia de grupos privados que ejercen violencia en medio de la protestas sociales, que a título de defender posiciones políticas se arrogan de forma ilegal, facultades propias de la Policía Boliviana, y con la aquiescencia de esa institución y del Gobierno.
La institución señala en una nota de prensa que conoce, con base en varios hechos violentos registrados desde octubre y noviembre de 2019, sobre la conformación y permanencia en el territorio boliviano de grupos integrados por actores privados con carácter parapolicial y paramilitar y que nuevamente estuvieron presentes la noche del 8 de agosto en la Plaza Abaroa de la ciudad de La Paz, donde se desarrollaba una vigilia frente a las puertas del Tribunal Supremo Electoral.
“Este grupo irregular demandó a los ciudadanos que estaban allí apostados a que levanten su medida bajo amenazas del uso de la fuerza, lo que provocó amagues de enfrentamiento. La Policía se puso en medio de ambos bandos para evitar hechos de violencia, pero como se evidencia en las filmaciones no intervino, conforme a su mandato legal y constitucional, para evitar las agresiones de ese grupo civil irregular”, se lee en el comunicado de la defensoría.
Este domingo, desde mediodía en Cochabamba, otro de estos grupos, autoidentificado como “Resistencia Juvenil Cochala”, “procedió a levantar bloqueos que se mantenían en la avenida Blanco Galindo y provocó un enfrentamiento entre civiles”, denuncia la defensoría.
“En imágenes que circulan en medios de prensa y redes sociales, se puede observar que la ‘RJC’ utiliza varios vehículos y motocicletas, portando chalecos antibalas, armamento artesanal, similar a bazucas, y petardos, así como lo hizo en anteriores ocasiones y con la permisividad del Estado boliviano”, lamenta la institución.
Este tipo de accionar, agrega, ya ha sido denunciado tanto por la Institución Defensorial como por organismos internacionales. Al respecto, la CIDH ya se pronunció y manifestó: “La @CIDH también expresa preocupación por la información que señala que actores privados, con la presunta aquiescencia de autoridades, habrían tomado acciones violentas contra personas y autoridades locales y amenazado con interrumpir el suministro de agua a K’ara K’ara”.
La Defensoría del Pueblo toma debida nota que “este tipo de acciones violentas se desarrollan de manera constante y reiterativa desde inicios de este año, y que a la fecha se puede observar una suerte de complicidad y permisividad por parte del Estado, situación que podría acarrearle responsabilidades internacionales”.
La Institucional Defensorial solicitó en reiteradas oportunidades a la Policía Boliviana, al Ministerio de Gobierno y a la Fiscalía General del Estado que desarrollen las acciones necesarias para investigar los delitos cometidos por estos grupos irregulares y que cumplan con las recomendaciones emanadas por organismos internacionales para que se desarticulen esos grupos irregulares.
La Defensoría del Pueblo exige al Órgano Ejecutivo, a la Fiscalía General del Estado y a la Policía Boliviana que investiguen los hechos violentos desarrollados en las ciudades de La Paz y Cochabamba por estos actores privados, e iniciar las acciones para desarticularlos y cumplir lo establecido por la CIDH que señala que “el Estado tiene la obligación de impedir que grupos privados ejerzan la violencia y el deber de investigar los hechos en los que han participado”.
Además, anuncia que solicitará el inicio de procesos disciplinarios en contra de los uniformados de la Policía Boliviana, que no cumplan con su misión de evitar agresiones de grupos civiles irregulares.
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