La actividad ilegal de la minería genera permanentes impactos negativos en diferentes áreas, como la vulneración a los derechos humanos, Y es que la explotación sexual y la prostitución, son problemáticas que persisten y hasta se incrementan en zonas de explotación, mayormente aurífera en Bolivia.
“La minería no solamente está destruyendo la biodiversidad de varios municipios del norte de La Paz, Potosí y Oruro, sino que además ha creado zonas donde impera la prostitución, la explotación infantil, la trata de personas y el contrabando”, detalla un estudio del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).
Esto se suma al informe que Unicef publicó ya en el 2018, donde se comprueba también de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en zonas mineras extractivas de Bolivia, “evidenciando cómo este delito ejerce una opresión extrema sobre las víctimas que la padecen”.
El trabajo de campo de este organismo internacional se realizó durante siete meses en las zonas auríferas del departamento de La Paz: los municipios de Caranavi, Guanay, Tipuani, Teoponte, Mapiri y el submunicipio de Mayaya. En Potosí se investigó en tres municipios: Potosí, Uncía y Llallagua. En Oruro en los municipios de Oruro y Huanuni.
La investigación del Cedib titulada “el caso de la minería aluvial del oro en Bolivia”, detalla los impactos de esta actividad, principalmente en la región de la Amazonía, donde el extractivismo de mineral se ha incrementado en esta década con la presencia de dragas chinas y colombianas y a la par, con las vulneraciones a los derechos que esto conlleva.
“Si bien se conocen casos de mujeres que fueron forzadas para trasladarse de un lugar a otro, la Unicef dio la alerta que el principal medio para atraer a las víctimas de ese nefasto negocio es la falsa promesa de un empleo bien remunerado en los centros mineros”, relata el documento.
Frente a este panorama, las investigaciones y organizaciones ratificaron que en la actualidad, las instituciones estatales están debilitadas para el trabajo y control de estos delitos en centros mineros. Además, existe una alta vulnerabilidad de niños/as y adolescentes.
De igual forma, la Unicef detalla que se margina a las comunidades indígenas y se vulnera sus derechos con las actividades mineras dentro de sus propios territorios.
“Se evidencia actividad acentuada de explotación sexual en campamentos mineros. Hay desinterés social y naturalización de la explotación sexual comercial “, recalca el organismo.
Tomado de noticiasfides.com
PUBLICIDAD
VE NUESTRA PORTADA
PUBLICIDAD
Mira también
Comentarios