El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) expuso este domingo varios de los “reclamos” que tiene el país con la Justicia, un servicio público que está en crisis y señalada por sus vínculos con la política.
La postura del exmandatario, expuesta a través de su cuenta en la red X, está vinculada con la celebración del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
“En Bolivia todavía reclamamos: violencia de género, impunidad, criminalización abusiva con miles de presos sin condena, etc. El Estado no garantiza una Justicia accesible e imparcial para ejercicio de derechos y libertades”, escribió el exmandatario, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia entre 2004 y 2005.
Rodríguez Veltzé formó parte del grupo de profesionales que fueron convocados por el ministro de Justicia, Iván Lima, para impulsar una reforma al sistema judicial, una iniciativa que no prosperó y quedó congelada.
El 10 de diciembre de 1948, la Organización de las Naciones Unidas dio un paso trascendental al adoptar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hizo la promesa de reconstruir el mundo —después de los horrores de la guerra mundial, el Holocausto, la depresión económica y la bomba atómica— sobre los sólidos cimientos de nuestros derechos inherentes.
Bolivia
Bolivia enfrenta varios desafíos complejos en este ámbito. De hecho, una misión de alto nivel Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitará las ciudades de La Paz y Santa Cruz para presentar el primer informe sobre la reparación de daños vinculados a la crisis política de 2019, el año en el que Evo Morales renunció.
La delegación, que estará liderada por el comisionado José Luis Caballero Ochoa, arribará al país este 12 de diciembre para reunirse con autoridades, organismos internacionales, víctimas y sociedad civil. La visita se prologará por tres días.
De acuerdo con un reporte de la CIDH, la delegación internacional presentará el primer reporte de cumplimiento de las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la atención a las víctimas de esa crisis política.
“La Comisión valora la apertura del Estado Plurinacional de Bolivia para cooperar y dialogar en el marco de la MESEG (Mesa de Seguimiento) y avanzar en sus obligaciones de derechos humanos con el sistema interamericano”, explicó la CIDH en un comunicado.
Los familiares de las víctimas de la crisis de 2019 demandaron al Estado el resarcimiento de los daños, mientras la Justicia promovió juicios contra los opositores al MAS en un caso al que bautizó “Golpe I”. La oposición, por su lado, cree que por esta causa existen “presos políticos”.
Anteriormente, la CIDH realizó una visita ‘in loco’ o integral al país. Lo hizo entre el 27 y 31 de marzo, cuando pudo reunirse con todos los actores de la crisis de 2019 y, en ese marco, proyectar acciones parta prevenir vulneraciones a los derechos humanos.
El organismo internacional habló de una “manipulación penal” en el contexto de esta crisis crónica del sistema judicial del país.
Camacho
Desde el penal de Chonchocoro, el gobernador Luis Fernando Camacho resaltó la lucha por la defensa y protección de los derechos humanos en el país, en el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos.
“Si bien en estos momentos no puedo acompañarlos de forma física, precisamente porque mis derechos humanos vienen siendo violados de forma constante y sistemática por el Gobierno masista, los acompaño con el corazón y la convicción de seguir luchando para que nadie más en nuestro país sufra la violación de sus derechos fundamentales”, expresó.
Hasta la emisión de este reporte (12:20 del domingo 10 de diciembre), el presidente Luis Arce ni otro miembro de su gabinete político no se había pronunciado sobre la conmemoración de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El Deber
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