El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y los rectores de las Universidades Públicas y Autónomas del Sistema de la Universidad Boliviana en una reunión se refirieron al tema del exdirigente universitario Max Mendoza, acusado bajo la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, e indicaron que se encuentran en vigilia y no descartan movilizaciones si la justicia favorece al acusado.
“La Universidad Boliviana, respetuosa del Estado Constitucional de Derecho, del debido proceso, estará pendiente de las decisiones que asuma la justicia, en caso que la misma no coincida con los precedentes de otros casos donde se investiga actos de corrupción y sean benévolos o favorezcan a personas que hicieron un daño no sólo a la economía de la Universidad sino a la imagen Institucional del Sistema Universitario, nos veremos obligados a realizar actos de protesta para que de una vez se cambie nuestro Sistema Judicial en Bolivia y denunciaremos ante las Autoridades Disciplinarias y Judiciales a las Autoridades que fallen en contra de los Intereses de la Universidad Pública”, señala el comunicado que emitió la CEUB.
Mendoza ocupó un cargo en la CEUB y recibió un salario de casi 22.000 bolivianos sin cumplir los requisitos durante años. El 22 de mayo de 2022, el exdirigente fue enviado a la cárcel de San Pedro con detención preventiva, acusado de delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica, entre otros que están enmarcados bajo la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.
El 3 de enero, el Juzgado Tercero Anticorrupción determinó cesar la prisión preventiva del exdirigente universitario para otorgarle detención domiciliaria con fianza de 40 mil bolivianos.
“Desde ahora estaremos en vigilia de que exista en el país Independencia de Poderes y vivamos en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, seremos guardianes del cumplimiento de la Constitución y las leyes nacionales, no solo en este caso si no en todos los casos que estén en Instancias Judiciales”, indica el pronunciamiento.
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Exdirigente universitario Quelali
La pasada jornada, Mónica Irusta, abogada del exsecretario ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Mayor San Andrés (UMSA), Álvaro Quelali, informó que la justicia determinó la detención domiciliaria del exdirigente unviersitario previo pago de Bs 60.000.
Quelali fue detenido en septiembre de 2022 ocupó el cargo de dirigente a pesar de tener 37 años de edad y llevar 21 años en la Universidad. Estaba sindicado de favorecer a su hermano con viajes como si fuese estudiante destacado, cuando en realidad reprobó materias en más de 100 oportunidades.
ANF
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