Desde el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal, presidido por el ahora exjuez Rafael Alcón, es donde se operaba y se captaba a feminicidas y asesinos sentenciados para “vender” libertad. Ayer, el Ministerio Público ordenó la aprehensión de la segunda trabajadora social implicada en el caso “consorcio”. Luego de esos informes, el Consejo de la Magistratura comenzó desde hoy inspecciones a 18 juzgados de todo el país para identificar irregularidades.
El fiscal Junior Flores explicó ayer que la comisión de fiscales que lleva el caso del exjuez Alcón emitió la resolución de orden de aprehensión “debidamente fundamentada contra una de las trabajadoras sociales del Juzgado Primero de Sentencia, Mary C. C., quien luego de su declaración informativa fue enviada a celdas policiales”.
Se trata de la segunda trabajadora social que ejercía funciones en ese juzgado. El fiscal relató que esta persona -no solamente en el caso de Richard Choque, sino en los de otros privados de libertad- era quien “se encargaba de realizar diferentes informes” a favor de los presos.
Flores relató que la trabajadora social “hacía seguimiento a diferentes privados de libertad”, luego los identificaba, los captaba y les pedía dinero para ayudarlos a salir de la cárcel.
El fiscal relató que el Ministerio Público tomó las declaraciones de un testigo y se evidenció que la trabajadora social “le habría exigido entre 1.000 y 2.000 bolivianos para realizar informes a favor de los privados de libertad”.
Hace dos semanas salió a la luz una serie de irregularidades y graves faltas luego de la detención de Choque, el feminicida serial que en 2019 fue beneficiado con detención domiciliaria por el ahora exjuez Alcón. El delincuente recibió este beneficio pese a tener una sentencia de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto.
Luego de conocer estos hechos, no sólo Alcon, sino su ayudante, una trabajadora social, un médico forense y dos abogados también fueron detenidos preventivamente por liberar al feminicida serial.
Después de ser liberado, este delincuente asesinó a dos adolescentes y es investigado por violar a decenas de mujeres.
Flores dijo que esta segunda funcionaria detenida tampoco cumplía con sus funciones tal como establece la Ley 025 del Tribunal Supremo de Justicia. Una de sus obligaciones era la de hacer seguimiento a los reos que daba libertad, pero no realizaba esa labor.
El representante del Ministerio Público indicó que -por ejemplo- en el caso de Richard Choque “de acuerdo con los datos de la investigación, el 11 de diciembre de 2019 sus abogados presentaron un incidente de detención domiciliaria y a partir de ahí con el decreto del exjuez Alcón se ha dispuesto que la trabajadora social verifique el domicilio del beneficiario y de los garantes. Esos aspectos no han sido debidamente cumplidos porque no se tienen las placas fotográficas del domicilio de los garantes, tampoco del beneficiario”.
Ante esos elementos, la comisión de fiscales emitió la orden de aprehensión. Ayer por la mañana se cumplió esa disposición tras su declaración informativa. Ahora, el Ministerio Público tiene 24 horas para remitir ante una autoridad jurisdiccional para que se defina su situación jurídica.
La funcionaria está acusada por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y consorcio de jueces, fiscales, abogados y policías en grado de complicidad.
Flores reveló que desde la pasada semana el Ministerio Público realizó inspecciones a dos juzgados de Instrucción en lo Penal, “de los cuales se pudo colectar cuatro procesos jurídicos que tienen el mismo modus operandi, tal como en el caso de Richard Choque”.
Según la autoridad, por esos cuatro procesos la Fiscalía está haciendo una pesquisa para conocer “si se cumplieron los plazos y si la autoridad judicial pudo justificar la decisión de dar libertad a estas personas que estaban guardando su privación de libertad en mérito de una sentencia condenatoria”.
Página Siete
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