Ahoradigital – La aprehensión de la exdirectora jurídica de YPFB, Daniela Durán, no debería marcar el cierre de las investigaciones por las presuntas irregularidades vinculadas a la denominada gasolina desestabilizada. La diputada y presidenta de la Comisión Especial de Hidrocarburos, Ximena Arispe, pidió ampliar las pesquisas y determinar responsabilidades entre otros funcionarios y exfuncionarios.
Arispe destacó las acciones de la Policía y del Ministerio Público, pero insistió en que el proceso debe continuar para establecer quiénes tuvieron participación en las presuntas irregularidades relacionadas con contratos y el abastecimiento de combustible.
“Hay que aplaudir las acciones de la Policía y del Ministerio Público, pero esto no solamente se queda en la aprehensión de esta presunta responsable. Creemos que esta investigación debe continuar”, afirmó la legisladora.
La diputada anunció además que esta semana la Comisión Especial de Hidrocarburos tratará el informe elaborado durante el seguimiento legislativo al caso. Según Arispe, el documento ya identifica a Durán entre las personas sobre las que existirían indicios que deben ser investigados por las autoridades competentes.
“Todo aquel que le ha hecho daño a los hidrocarburos, al motorizado y a la población boliviana tiene que someterse a la Justicia”, sostuvo.
Arispe también afirmó que existiría una denuncia presentada durante la gestión del exministro Mauricio Medinaceli contra 26 personas, pero cuestionó que, hasta ahora, no se hubieran adoptado medidas contra los involucrados.
“Llama la atención que desde el anterior ministro Medina hay una denuncia contra 26 personas a las cuales, al día de hoy, no se les ha puesto ningún tipo de sanción”, señaló.
La legisladora expresó preocupación ante la posibilidad de que algunos de los investigados puedan abandonar el país y pidió al Ministerio Público profundizar las pesquisas tras la reciente aprehensión.
La exdirectora jurídica de YPFB fue aprehendida en Santa Cruz dentro del proceso por la llamada gasolina desestabilizada. La investigación busca establecer responsabilidades por la adquisición e importación del combustible cuestionado y las decisiones que permitieron su ingreso y posterior distribución.
Mientras tanto, la Comisión Especial de Hidrocarburos prevé continuar con el análisis de las presuntas irregularidades y aguarda el tratamiento de su informe en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Ahoradigital con información de Red Uno





