Internos de la Sección Posta del penal de San Pedro, en La Paz, denunciaron ante la Defensoría del Pueblo al delegado del penal, Milton Canaviri (un expolicía sentenciado a 30 años de cárcel por asesinato), por agresiones, extorsión y amenazas de atentar contra los familiares de los reclusos.
En varias oportunidades se denunció a policías y delgados de reclusos por negociados en la venta de celdas y ahora, en una carta dirigida a la Defensoría del Pueblo, se revela existe la “costumbre” de extorsionar a los nuevos internos, solo por acceder a las secciones. Hasta el viernes la Defensoría del Pueblo no atendió el pedido de ayuda del denunciante.
Costumbre de la extorsión
“Al momento de ingresar a la sección (Posta) como nuevo interno, como es costumbre en el caso de cada uno de los nuevos detenidos, acordé pagar al mencionado encargado (Canaviri) y sus colaboradores la suma de Bs 6.500 por el ingreso a la sección”, señala la primera parte de la carta enviada por el interno Emilio S.V. a representantes de derechos humanos.
A continuación, detalla que logró cancelar “la deuda” de 6.500 bolivianos en tres pagos. El primero pago fue de 4.500 bolivianos, otro de 1.000 y el último de 500, en diferentes fechas, pero por la indulgencia de la espera, Canaviri y sus colaboradores lo “conminaron” a ayudarlos en diferentes actividades.
“Me solicitaron que los colabore consiguiendo a algunos grupos musicales (…) los cuales tenían que actuar al interior de la sección por la serenata por el aniversario de La Paz” (Sic), cita una parte de la denuncia, que revela que los abusos vienen desde el mes de junio. Emilio contó que tuvo que pagar un adelanto de 3.000 bolivianos a dos grupos musicales, que finalmente no actuaron por falta de permiso, pero de todas maneras hubo molestia en su contra porque se esperaba que él pague el costo total de otro conjunto.
Amenaza a su familia
“Este señor me amenazó diciendo que estoy hablando mal de él y haciéndome la burla de ellos en conjunto (…) además de mencionar que si le da la gana mandará a gente para que agreda a mi familia y realice un robo o atentado en mi domicilio, me dijo que mandará una visita, que él tiene gente tanto dentro y fuera del penal para hacer lo que le da la gana”, cita otra parte de la carta.
Emilio está detenido desde el mes de junio por un caso de estafa y aunque ya cuenta con una orden de detención domiciliaria en su favor, justamente la falta de dinero para pagar los 20.000 bolivianos de fianza le impiden efectivizar su salida del penal. No obstante, dice que ahora debe lidiar con las amenazas y la extorsión del delegado al interior del penal.
Parlante para la esposa del delegado
Como uno de los “aportes” que obligaron a pagar a Emilio, relató que su hermano menor debió entregar a la esposa de Canaviri “un equipo de sonido (parlante auto amplificado a medio uso), valuado en 2.400 bolivianos”. Dicha entrega se habría dado en la plaza San Pedro.
Por otro lado, denunció que el delegado y sus colaboradores incluso de impiden ganarse la vida al interior del penal, donde pretendía vender sándwiches para pagar su “deuda”.
Sin respuestas
Las autoridades de Régimen Penitenciario aún no dieron una respuesta oficial del caso, pero afirmaron que esta denuncia tiene que ver con las disputas internas por la elección de delegados. No obstante, Canaviri y otros internos “treintones” ( por sus sentencias de treinta años por diferentes delitos), tienen antecedentes de extorsión a los privados de libertad desde 2019, cuando junto con 35 delegados fueron reubicados a otros penales de máxima seguridad.
Esa gestión, el entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que los “treitones” ya no podrían ser delegados de internos, debido al negociados de celdas y constantes abusos que cometen al no tener temor a peores sanciones. Pese a ello, Canaviri fue habilitado para volver a ser delegado y a su regreso, en septiembre de 2021, volvió a ser denunciado por extorsionar a los reos y sus familiares.
Entre los antecedentes que se conocieron de Canaviri y otros delegados del penal de San Pedro en 2019, está que sus condenas deben ser cumplidas en otros recintos como Chonchocoro, por orden judicial. Los documentos revelan también que un allegado del actual delegado de la Posta, pese a contar con sentencia ejecutoriada, logró salir del penal bajo el mismo modus operandi que Richard Choque, el asesino serial que accedió a una detención domiciliaria por medio de una acción de libertad, arguyendo una enfermedad.
Tomado de Página Siete
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