La justicia de Brasil activó un proceso para exigir la remisión de información y responsabilidades a la empresa estatal boliviana Naabol (Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos), en el marco de una demanda civil que supera los $us 220 millones por el accidente del vuelo 2933 de LaMia, ocurrido en noviembre de 2016 que dejó 71 fallecidos. Hubo seis sobrevivientes.
La notificación fue recibida por Naabol el 14 de octubre de 2025 y formalmente remitida el 20 de octubre al entonces procurador general del Estado, Ricardo Condori. El cambio de gobierno, producido el 8 de noviembre, dejó el tema en manos de nuevas autoridades que aún no se pronunciaron. Quien sí lo hizo fue el abogado de las víctimas, Néstor Higa, representante legal de varios familiares de los fallecidos.
El exhorto suplicatorio fue emitido por el Juzgado Federal de Chapecó, en Santa Catarina (Brasil). La solicitud apunta a que Bolivia, a través de Cancillería y las autoridades competentes, remita toda la documentación relacionada con la investigación del accidente ocurrido el 28 de noviembre de 2016, en el que la aeronave CP-2933 de LaMia se estrelló en Cerro Gordo, Colombia.
Según el documento oficial enviado por Naabol a la Procuraduría, la demanda brasileña atribuye responsabilidades a distintas entidades bolivianas, entre ellas Naabol, la extinta AASANA y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). El monto exigido asciende a R$ 1.213 millones, equivalentes a aproximadamente Bs 1.537 millones o $us 220,7 millones al tipo de cambio oficial.
El abogado Néstor Higa explicó a EL DEBER que el exhorto es un procedimiento mediante el cual un juez de un país solicita a otro Estado la remisión de documentación o la ejecución de un trámite judicial. En este caso, Brasil solicita acceso a todos los informes elaborados tras el siniestro. “El Estado boliviano debe cumplir con la remisión de antecedentes. Es un procedimiento de Estado a Estado”, afirmó.
Higa se reunió este miércoles con Miriam Flores, quien fue administradora financiera de LaMia, y ambos coincidieron en que las aseguradoras deben cubrir las indemnizaciones a las familias afectadas. Recordaron que el avión contaba con dos pólizas: una destinada a los pasajeros y otra a los tripulantes. A pesar de ello, a nueve años del suceso aún no se ha concluido con el pago de todas las compensaciones. Según Higa, el seguro tenía la obligación de activar los montos correspondientes junto con el reaseguro contratado en Londres, pero los procesos han sido dilatados en diversas jurisdicciones, incluidas Bolivia, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido.
El accidente del vuelo 2933 conmocionó al mundo del deporte. La nave transportaba al equipo brasileño Chapecoense rumbo a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana. De las 77 personas a bordo, 71 perdieron la vida. La investigación determinó que la causa principal fue la falta de combustible, una irregularidad que había generado alertas previas sobre las operaciones de LaMia.
La aeronave, de matrícula boliviana, operaba como chárter y había sido contratada por otros equipos de renombre, como Atlético Nacional y la selección argentina. La continuidad de las operaciones de LaMia pese a estos antecedentes plantea interrogantes sobre la regulación aeronáutica vigente en ese momento.
Higa insistió en que Bolivia está obligada a enviar la información requerida: “Se ha cumplido con los requisitos formales. La documentación debe enviarse. Este proceso se abrió en 2017 y sigue su curso”.
Fuente: El Deber
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