Entre 2016 y 2018, la Asociación de Víctimas Judiciales identificó al menos 19 expedientes en los que jueces, fiscales y peritos, que actuaron a través de una ONG, manipularon denuncias para lograr sentencias condenatorias con el objetivo de obtener financiamientos millonarios de hasta 2,2 millones de dólares anuales, explicó el abogado de la institución, Marcial Huanca.
La denuncia documentada fue presentada a la Asamblea Legislativa Plurinacional con nombres de funcionarios judiciales que actúan de manera conjunta en varios casos investigados y que tienen como resultado procesos fraguados.
Según Huanca, las denuncias corresponden a agresiones sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, en las que la ONG FUBE abordó psicológicamente a los menores para que emitan criterios “erróneos” en juicios abreviados que logren la sentencia condenatoria desde los 15 hasta los 25 años de cárcel.
“Se trata de 19 hombres que fueron denunciados por violación, toques impúdicos, entre otras agresiones sexuales, que están en los penales de San Antonio, San Sebastián y El Abra con una condena de hasta 25 años”, detalló el jurista.
El abogado señaló de que se trata de un consorcio criminal conformado por autoridades y funcionarios judiciales, en coordinación con la ONG, para encarcelar a personas injustamente sentenciadas. También dijo que FUBE recibe entre 30 y 50 mil dólares por caso resuelto, hecho que incitaría a cometer este tipo de ilícitos. “La ONG recibió desde 600 mil hasta 2,2 millones de dólares anuales”, precisó.
Indicó que uno de los casos que más llamó la atención fue el de una menor que fue “guasqueada” por su padre y cuyos familiares denunciaron al sujeto por violación hacia la menor, por lo que lo recluyeron en un penal de Cochabamba por 25 años.
“Nosotros entrevistamos a la joven, que ya es mayor de edad, y dijo que desde la ONG han sido manipulados para que mientan y cambien su versión de una ‘guasqueada’ a una violación y toque impúdicos por su progenitor”, agregó.
Huanca indicó que los funcionarios de justicia están vinculados a la organización, que mediante talleres de asesoramiento de formación y de capacitación a jueces, fiscales, miembros del IDIF, médicos forenses, psicólogos, trabajadoras sociales, policías y Sedeges, los instruye en cómo actuar en los casos penales que la ONG presenta.
Tomado de Los Tiempos
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